Mientras que la mirada de todo el planeta está puesta sobre crisis bélicas y humanitarias de amplio espectro, como la guerra en Ucrania o en la Franja de Gaza, hay otras situaciones dramáticas que se continúan agravando, con alto saldo en materia humana y social.

Una de estas últimas es lo que ocurre en Haití, el país caribeño que desde hace varias décadas registra la crisis política, económica, social e institucional más grave del continente, incluso por encima de lo que pasa en Venezuela, Nicaragua y Cuba con los regímenes autoritarios que subyugan a su población.

La situación en la isla es de tal magnitud que incluso esta semana las Oficinas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Integrada de la ONU en Haití reportaron un aumento de la violencia protagonizada por las bandas criminales, razón por la cual urgieron desplegar la Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad que fue autorizada en octubre pasado por el Consejo de Seguridad del máximo ente multilateral.

El diagnóstico de las agencias es muy complicado: el pico de violencia de las pandillas se propaga a medida que las bandas criminales se alían y expanden a áreas rurales que antes se consideraban seguras. Allí están incurriendo en asesinatos, violaciones, secuestros, robos y otros atropellos graves contra la población civil. Las estadísticas señalan que este año han muerto casi 4.000 personas por causas violentas, más de 1.400 heridas y casi 3.000 secuestradas.

Frente a ello, se considera necesario desplegar mayores esfuerzos para fortalecer las instituciones del Estado de derecho en Haití, en particular la policía, el poder judicial y el sistema penitenciario.

Hay casos alarmantes, como el del distrito de Bas-Artibonite, ubicado en el centro del país, a unos 100 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe. Allí, entre enero de 2022 y octubre de 2023, alrededor de 1.700 personas fueron asesinadas, heridas o secuestradas.

Existen casos documentados en los que estos grupos criminales arrasan aldeas, ejecutan a habitantes locales y utilizan la violencia sexual contra mujeres e incluso niños muy pequeños. También saquean propiedades, cultivos y ganado, al tiempo que destruyen los canales de riego. Todo esto genera desplazamiento forzado masivo de población. En esta región, por ejemplo, se tiene el registro de más de 22.000 personas desarraigadas. También se redujo a la mitad la cantidad de tierra cultivada y, por ende, aumentó la inseguridad alimentaria.

La comunidad internacional tiene que movilizarse urgentemente para ayudar a un país en donde, además, la pobreza campea, la corrupción se expande y la inestabilidad política es pan de cada día.