- El preocupante panorama del agua
- Reformular política pública hídrica
Aunque por ahora son claramente exagerados los pronósticos apocalípticos según los cuales la próxima guerra mundial no será motivada por asuntos geopolíticos sino por el acceso al agua potable como recurso vital, lo cierto es que las reservas hídricas del planeta son cada día menores. Los datos de la ONU al respecto impactan: la escasez de agua ya afecta a cuatro de cada 10 personas; al menos 1.800 millones de personas beben agua que no está protegida contra la contaminación de las heces; un número aún mayor consume la que se distribuye a través de sistemas vulnerables a la contaminación; 340 mil niños menores de cinco años mueren cada año por enfermedades diarreicas; el 90 por ciento de los desastres naturales están relacionados con fenómenos hídricos, el 80 por ciento de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas…
Colombia, afortunadamente, es una de las potencias en materia hídrica en todo el mundo. Concentra la mayor parte de los páramos, que son fábricas naturales del preciado líquido. Sin embargo, este recurso vital también está en peligro. Si bien el país ha avanzado de forma sustancial en el cubrimiento de la red de acueducto y alcantarillado en las últimas dos décadas, todavía una parte de la población no tiene acceso al agua potable como tampoco a sistemas modernos y eficaces de disposición y reciclaje de aguas negras. A ello se suma que por efecto del narcotráfico, la deforestación, la minería ilegal, la urbanización desordenada, la ampliación agresiva de la frontera agrícola, la invasión de las rondas de los ríos, páramos y humedales, así como por la contaminación producida por actividades industriales y comerciales, muchas fuentes de agua se encuentran gravemente amenazadas.
Un campanazo más en este aspecto se dio esta semana al revelarse por parte del Ministerio de Ambiente y el Ideam el avance del Estudio Nacional del Agua (ENA-2018). Se trata de una de las investigaciones más importantes que se producen en el país al constituirse en un insumo científico clave para su desarrollo y productividad, pues ofrece estadísticas actualizadas sobre la oferta, demanda, calidad y nivel de riesgo de las reservas acuíferas, así como la información hidrológica en cuanto a los efectos de la variabilidad climática, las aguas subterráneas y la llamada “huella hídrica”. A partir de las conclusiones del ENA se pueden establecer las presiones por uso, impacto y criticidad de los sistemas hídricos y proyectar las políticas públicas respectivas para su racionalización por parte de los sectores doméstico, agrícola, pecuario, piscícola, minero, de hidrocarburos, energético, industrial, manufacturero, comercial y de servicios, entre otros.
Al igual que las ya mencionadas cifras de la ONU, el avance del ENA 2018 es preocupante: la demanda total de agua se incrementó de 2012 a 2016 en el 5 por ciento; los sectores con mayor crecimiento fueron el piscícola, hidroenergético y de servicios; el riego solo satisface aproximadamente el 10 por ciento del requerimiento hídrico-agrícola; mientras que cuatro años atrás se identificaron 318 municipios con riesgo de desabastecimiento de agua, ahora son 391 en 24 departamentos los que afrontan dicha amenaza. A ello se suma que 3,2 millones de colombianos están expuestos a inundaciones. El panorama en materia de glaciares es más que crítico: en las últimas tres décadas la masa glaciar colombiana se redujo en un 56 por ciento. El cambio climático, por obvias razones, también ha acelerado la afectación del recurso hídrico en el país, al punto que el fenómeno de El Niño registrado entre 2015 y 2016 impactó drásticamente a los nevados.
Visto todo lo anterior es urgente redoblar los alcances de la política nacional de conservación del recurso hídrico, desde el punto de vista de preservación de fuentes, profundización de estrategias de desarrollo sostenible, ordenamiento urbanístico y de frontera agrícola, una mayor protección a páramos, mayores niveles de cobertura en acueducto y alcantarillado así como un combate más eficaz a la deforestación, narcotráfico y minería ilegal. Incluso en el Congreso cursa, otra vez, un proyecto que propone consagrar el derecho al agua de todos los colombianos, con prioridad en el consumo humano e imponiendo como deber del Estado recuperar los ecosistemas de recurso hídrico. La lucha contra el cambio climático se convierte en un elemento transversal a muchos de los anteriores objetivos y podría ser, por esa misma integralidad, el marco de acción para disminuir la amenaza a las reservas de agua del país, más ahora que asoma un nuevo fenómeno de El Niño.
El campanazo, como se dijo, volvió a darse y sólo con la participación activa y decidida del Estado, el sector privado y la ciudadanía se puede evitar que en pocos años o décadas Colombia sea un país sediento y crítico.