Cese el fuego obliga a localización
Los nuevos inamovibles del Estado
Tal y como avanzan las tratativas en La Habana, lo más seguro es que el país en pocos meses tenga que enfrentarse a la realidad de crear y poner en funcionamiento varias zonas territoriales para concentrar allí a los contingentes de las Farc, si es que el proceso de paz llega a buen puerto y el acuerdo final es efectivamente refrendado en las urnas. Como se advirtiera en estas páginas desde el mismo momento en que se reformó a la Ley de Orden Público, en el segundo semestre de 2010, prohibiendo las llamadas “zonas de despeje”, dicha norma tendría que ser reversada más adelante, pues la entrante administración había anunciado su disposición de intentar una nueva salida negociada al conflicto. Hoy, tras cuatro años de diálogos y negociación formal con las Farc, llegó la hora de tal modificación. Y no por un capricho político, sino porque si se avanza -según lo anunciado ayer en La Habana por las partes- hacia un cese bilateral de fuegos y hostilidades, es connatural que para que éste se cumpla exista verificación y esta sólo es posible si el pie de fuerza subversivo está localizado territorialmente. Así de sencillo.
No resulta, entonces, sorpresivo que el Gobierno haya anunciado hace dos semanas que citará al Congreso a sesiones extras a mediados de febrero para que reforme la Ley de Orden Público que, pese a su nombre, es la que estipula los mecanismos que puede utilizar el Estado para proceder a un acercamiento, diálogo o negociación de paz con un grupo armado ilegal, permitiendo procedimientos tan básicos como el levantamiento de las órdenes de captura y otros pasos instrumentales para este tipo de tratativas.
Ya, a finales de 2014, cuando la mencionada Ley pasó de nuevo por el filtro parlamentario, algunas voces insistieron en que se reversara la prohibición de las zonas desmilitarizadas, pero fueron desoídas bajo el argumento de que el entonces proceso de paz se estaba realizando en el exterior. El único ajuste fue un blindaje para que los negociadores gubernamentales no pudieran ser blancos de pesquisas disciplinarias o penales por cuenta de su participación en la negociación con los ilegales.
Sin embargo ahora la situación se torna distinta, pues ya no se trata de que la “zona de concentración” funcione como sede de las tratativas, tal como ocurrió en el gobierno Pastrana, sino como herramienta indispensable para concretar un cese el fuego y de hostilidades que se supone definitivo, lo que implica, además, que será escenario del desarme efectivo de las Farc y de los procesos de desmovilización y reinserción a la vida civil de los excombatientes.
Es en ese marco circunstancial que debe entenderse no sólo la reforma a la Ley de Orden Público y el acuerdo anunciado ayer en La Habana respecto a la creación, en cabeza de Naciones Unidas, de un mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego y el desarme. Ambos son los andamiajes principales para que se creen esas zonas de concentración, despeje, desmilitarizadas o cualquiera sea el nombre que se les dé, en el corto lapso. Un paso que implica una alta exigencia para el Estado, pues debe establecer desde el principio todos los controles necesarios para evitar que las Farc vuelvan a cometer los abusos y atropellos que perpetraron en el Caguán, quince años atrás. Hay que tener todas las precauciones, pues la guerrilla, en sus llamadas “propuestas mínimas”, ha planteado la creación de unos “territorios especiales de paz” (Terrepaz), en los que piden se ubiquen sus cabecillas, el pie de fuerza a reinsertar, sus familias y que todos ellos puedan interactuar con las comunidades locales. Es evidente que la idea genera incertidumbre, no sólo por el riesgo para la institucionalidad y el predominio de la legitimidad del Estado en todo el territorio, sino porque, como pareciera insinuarse, los insurgentes permanecerían allí con una parte de su arsenal. Debe, entonces, ser un inamovible del Gobierno que no puede permitirse una total ausencia de la Fuerza Pública. Aceptar lo contrario, implicaría el menoscabo del derecho de todos los colombianos a ser protegidos en su vida, honra y bienes.
En un país tan polarizado alrededor de este proceso de paz es obvio que volver a hablar de zonas para la guerrilla levanta ampolla. La credibilidad en las Farc es nula. El temor ciudadano a que se repitan los abusos del Caguán podría ser otra traba en el ya empinado camino de la refrendación popular de los eventuales acuerdos de La Habana.