Burla al dictamen del plebiscito, una herida abierta
No corregir el acuerdo determinó su fracaso actual
Uno de los temas más analizados por estos días en Colombia tiene que ver el corte de cuentas que luego de cuatro años se le está haciendo al acuerdo de paz suscrito entre el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc. Como se recuerda, la firma se realizó en Cartagena, en medio de un ambiente festivo, con altos representantes de la comunidad internacional así como con la esperanza de que el pacto surgido de varios años de accidentadas negociaciones en La Habana, cumpliera con su principal cometido: la terminación definitiva del conflicto armado.
Ese 26 de septiembre de 2016 poco eco tuvieron las múltiples voces que habían advertido de forma reiterada que el acuerdo tenía muchas falencias y que no era seguro que los colombianos se volcaran a ratificarlo en las urnas seis días después, ya que el 2 de octubre debía llevarse a cabo el plebiscito refrendatorio del pacto, que venía antecedido de una intensa y costosa campaña gubernamental que buscaba incentivar el voto por el Sí a lo pactado con las Farc. Lo que pasó ya todos lo saben: en una apretada decisión el ganador fue el No, contrario a lo que pronosticaban las encuestas y a la percepción mayoritaria de muchos opinadores y dirigentes.
De ello hace ya, hoy precisamente, cuatro años y vistas las conclusiones de los recientes cortes de cuenta a la implementación y resultado del acuerdo de paz, es claro que cabe preguntarse qué habría pasado si el gobierno de entonces no solo hubiera respetado la voluntad expresada en las urnas, sino procedido a una verdadera y tangible corrección de lo negociado y denegado en las urnas.
No hay que olvidar que el Ejecutivo de entonces, sorprendido ante el triunfo del No, llamó afanosamente a un diálogo nacional para tratar de enderezar el pacto habanero e incluso citó a la Casa de Nariño a los líderes e impulsores de la opción ganadora en las urnas. Se prometió una revisión objetiva y detenida de sus posturas y criterios en sendas mesas. Una vez estas acordaran el menú de reformas al pacto, deberían ser llevadas a La Habana para discutirlas con la delegación subversiva. Sin embargo, todo ese proceso quedó trunco cuando el Gobierno decidió sorpresivamente abortar el diálogo nacional y suscribir a las volandas un nuevo pacto con las Farc aplicando apenas unos pequeños ajustes. Luego, sabedor de que perdería una nueva refrendación popular directa, el Ejecutivo se inventó un mecanismo de refrendación parlamentaria, vía una insólita proposición, que le fue aprobada por las mayorías de Senado y Cámara, pese a constituir la mayor burla al constituyente primario desde que entró en vigencia la Carta del 91.
A hoy es claro que ese pacto, firmado de nuevo el 24 de noviembre de 2016, a las carreras en el Teatro Colón, sin el brillo, marco ni legitimidad del suscrito en Cartagena, y luego avalado afanosa y atropelladamente por el Parlamento, no ha cumplido su cometido. La violencia regional y local se ha reciclado, con el agravante que la facción compuesta por disidentes y reincidentes de las Farc hoy tiene más de cuatro mil hombres-arma. La verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para los millones de víctimas de esa facción armada sigue en veremos, dada la baja eficiencia de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para procesar a los guerrilleros que cometieron todo tipo de delitos de lesa humanidad. A ello hay que sumar que los cabecillas desmovilizados, que no han pagado un solo día de cárcel e incluso tienen escaños en el Congreso, insisten en negar su culpabilidad evidente en las masacres, secuestros, asesinatos, desplazamientos forzados, violaciones sexuales, reclutamiento de menores… En fin, una burla impune y desafiante al dolor y tragedias de miles y miles de familias colombianas. Los compromisos subversivos para ayudar en el combate al narcotráfico tampoco se cumplieron y menos la entrega de bienes y millonarias fortunas de origen ilícito para resarcir una parte de los graves daños causados a la sociedad.
¿Qué habría pasado si el gobierno anterior, en lugar de empeñarse en maniobrar para burlar el dictamen popular del plebiscito refrendatorio, hubiera procedido a respetar ese mandato y corregir de forma seria y responsable el acuerdo habanero? Esa es una pregunta que sigue sin respuesta cuatro años después. Sin embargo, a la luz de las evidencias actuales de los múltiples problemas con el cumplimiento e implementación del pacto, es claro que un acuerdo más equilibrado en materia de justicia y de exigibilidad a las Farc sobre sus compromisos, habría redundado en una situación muy distinta al fracaso y decepción que hoy se palpa en todo el país.