· La tal reforma de “poderes”, no existe
· El camuflaje de la mascarada legalista
Ni más faltaba que, en un verdadero estado de Derecho, la Corte Constitucional no fuera el organismo límite para salvar a la Constitución de las embestidas improvisadas e ilegales, casi siempre provenientes del contubernio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para eso, naturalmente fue establecida en 1991. Y frente a la caída de la mal llamada “reforma de poderes” no vale un aplauso, porque simplemente la corporación está cumpliendo con su deber, pero sí es de anotar la satisfacción ciudadana por el deber cumplido de la aplastante mayoría de magistrados frente a la reacción rabiosa de quienes pretenden deprimirla en sus alcances materiales, sus funciones interpretativas y sus labores de salvaguarda.
Ni más faltaba, ciertamente, que la Corte Constitucional tuviera que plegarse a los complots “legales”, fruto de los cenáculos parlamentarios en las mesas palaciegas, y que son ya pan comido en el diario acontecer de la política nacional. Porque no se toma en serio el derecho, porque se cree que las normas son un trompo de quitar y poner, porque no hay un sentido del espíritu de las leyes, porque, como lo hemos dicho, se considera al Congreso una simple “sastrería constitucional”. Existe, por lo tanto, la espuria y pueril creencia de que con solo mantener unas formas y unas solemnidades congresionales y declararse “reformista”, sin atender el fondo y la naturaleza del derecho público, se está a la moda y a la vanguardia revisionista. Y en vez de adecuar y perfeccionar las instituciones existentes, en muchas ocasiones con sencillas resoluciones o inclusive reglamentaciones internas, se producen “innovaciones” altisonantes que, como la dicha reforma, terminan en un gigantesco fiasco aunque su tramitación haya servido para ocupar los reflectores y decir que se está haciendo mucho sin, en verdad, estar haciendo nada. Lo que queda, por supuesto, es un desgaste institucional enorme. Producto, desde luego, de haber puesto en movimiento el tracto legislativo sin la sindéresis debida y el más mínimo respeto o estudio de los conceptos jurisprudenciales que, dentro del oficio de promover y hacer las leyes, altos funcionarios y congresistas deberían conocer de antemano y al tenor. Después, ¡oh sorpresa!, y luego a buscar chivos expiatorios.
La Corte no es boba para no darse cuenta de que, en los tiempos colombianos actuales, la Constitución no está a salvo de ser atacada y dinamitada desde adentro, aun con el disfraz legal. Al contrario, es lo que viene sucediendo sin rubor, para no decir desvergüenza. Por lo demás, al mismo tiempo de lo anterior, es ya común que el Congreso resigne sus atribuciones según suele ocurrir cuando se trata de temas sociales polémicos, como en la dosis mínima de estupefacientes o en los alcances normativos de los vínculos del mismo sexo, o incluso desdiga de sus facultades como lo ha hecho inusitadamente en los temas de paz, casi prevaricando por omisión y simplemente haciendo de lubricada correa de transmisión al desvarío legalista patógeno. De otro lado, en cambio, los congresistas solo se activan a gusto gubernamental, tal cual se han convertido en un anexo administrativo, y producen maravillas legislativas como la inefable del “equilibrio de poderes”.
Pero no hay sorpresa, ni puede haber desconcierto por la legítima actuación de la Corte Constitucional. Menos para los demócratas en toda la línea. Desde el día uno, a lo menos en estas columnas editoriales, se puso de presente a la opinión pública que la tal reforma a la justicia no tenía por dónde salir bien. Sin unidad de materia, aprovechando la prohibición de la reelección presidencial para incluir intempestivamente y sin consenso estatal largos artículos e incisos de asuntos jurisdiccionales, confundiéndolo todo en un título truculento y cercenando la deliberación, base de la democracia, al despachar arrogantemente a las Cortes apenas tenidas en cuenta a regañadientes en una audiencia matutina, vacía y desoída, no fue posible salvar el sentido común. De hecho, desde entonces propusimos, por igual, convocar una Asamblea Constitucional para cubrir, con el debido temario y atribuciones temporales, un tema de semejante envergadura, de modo que expertos en la materia y con la aquiescencia del Congreso sacaran avante una reforma a la justicia, integral, suficiente, óptima y duradera. Cayó en el vacío, como un saludo a la bandera. Pero ahora proponen lo mismo. Malamente ¡Como revanchismo!
A no dudarlo, la Corte Constitucional ha demostrado que permanece como el bastión fundamental de las instituciones. Siga siendo esto así, no solo para el caso antedicho, sino para tantos barbarismos que hoy pretenden adoptarse bajo el camuflaje de la mascarada legalista.