El director de la Policía, general  José Roberto León Riaño, siguiendo instrucciones del presidente Juan Manuel Santos, viene librando una dura acción para reprimir el microtráfico, que ha sido precedida de una intensa labor de inteligencia para establecer las guaridas y redes de esas mafias en las grandes urbes. No se trata de una simple acción policial aislada, se  está aplicando una política de Estado que consiste en penetrar los feudos del crimen en los barrios, que se han convertido en verdaderas escuela de toda suerte de delitos y el reclutamiento de sicarios, así como de la venta y alquiler de armas de fuego, con las que se cometen gran parte de los crímenes y asaltos en las zonas bajo el dominio de esos delincuentes. Los que no se ocupan solamente de delitos menores, sino que en sus enlaces con grupos subversivos hacen “negocios” por medio de los cuales sus sicarios por la paga atentan contra personalidades del país. Esa alianza entre el crimen organizado y la subversión es una de las peores amenazas contra la sociedad. Y, en tiempos como estos, suelen aumentar los atentados contra políticos o periodistas, siempre con el fin de amedrentar a la sociedad, provocar pánico en algunos sectores y forzarles a ceder y consagrar la impunidad.

Según estadísticas oficiales las mafias  comercian  un alto porcentaje de las drogas prohibidas que se venden en el país, como es el caso de la cocaína que se ofrece  localmente y alcanza un estimado del  20% de la producción, en tanto se exporta el otro 80%. Lo que significa que las sumas que deja el negocio al menudeo en Colombia son multimillonarias. Puesto que de cada cinco toneladas que se producen en Colombia 4 van al exterior y una se expende en el país. En tanto que de los consumidores de droga un alto porcentaje de adictos termina cometiendo delitos para financiar el vicio, lo que genera una espiral delincuencial de gravísimas consecuencias, cuando se apoderan de zonas enteras y se refugian entre la población de menores recursos o establecen ollas podridas en donde se propaga el delito en todas sus manifestaciones, robos, asaltos, proxenetismo, extorsiones y crímenes de toda índole.

Como lo señala el general León Riaño: “Las nuevas fuentes de financiamiento  de los grupos ilegales radican en la mocroextorsión y el microtráfico. El microtráfico genera dividendos  para las bandas criminales y violencia para el país. Por ello el Gobierno ha tomado la decisión de declararle una guerra total”. Y señala que el microtráfico se mueve como una empresa del delito, con una organización empresarial con su capo al frente, que opera en diversas instancias y maneja  sus canales de distribución; un segundo cabecilla que actúa como vicepresidente de operaciones, un brazo armado, que cuenta con carteles de abogados y apoyo de elementos venales de toda laya. La estrategia de distribución se sustenta en la distribución de la dosis mínima, para evadir la sanción de las autoridades.

Se trata de la guerra contra la estructura y los eslabones del crimen organizado, en la cual está inmersa la Policía las 24 horas del día, a sabiendas de que los delincuentes observan las rutinas y procedimientos policiales para evadirles  e innovar en el delito. No se trata en exclusiva de resolver por la fuerza los problemas, en tanto se combate el delito se hacen campañas de concienciación de las familias contra el uso de drogas por parte de los jóvenes, que son el principal blanco del negocio. En Colombia a partir de los doce años, de tres niños, uno confiesa que ha probado sustancias alucinógenas, algunas de las cuales se consiguen en casa, lo que hace más difícil para las familias percatarse de la inclinación al vicio de los menores, que son iniciados en estas prácticas por sus compañeros mayores o encuentran en Internet las indicaciones para emplear productos caseros y entrar en órbita.

Los descubrimientos de ollas como la del Bronx, en las cuales se mueven millones y millones del microtráfico y el crimen organizado, son dramáticos, toda suerte de delitos, de documentos falsos y de alianzas entre los delincuentes se incuban mientras se fuman un ‘cachito’. Allí la vida no vale nada. Los miembros de las bandas locales ascienden  por méritos rigurosos y según como avancen en el delito, los mayores les prestan protección a los menores y abusan de ellos. Existe la ley del silencio y se aplica la pena de muerte a los ‘soplones’, lo mismo que a los que no responden de la mercancía que comercian. Sus tentáculos se extiende a la prisiones y sus agentes temen delatar a los jefes por posibles represalias contra ellos y sus familias, muchos mueren por un ‘cachito’ de cannabis. Extirpar esos focos de criminalidad y vicio es la obsesión de la policía, en la seguridad que de no actuar ahora con firmeza, en el mañana  la sociedad se verá acorralada por el incremento desbordado de la violencia urbana y la criminalidad.