* Entre menos gobierno, más alto
* ¿De qué sexo son los ángeles?
Mientras más se sienten los rigores del estado recesivo de la economía, el ascenso del desempleo, el desplome del orden público, los atronadores escándalos adscritos a las dependencias de la Casa de Nariño (con el sospechoso engrase corrompido de las leyes en el Congreso), en fin, tantos otros factores que tienen al país hundido en la parálisis y el desconcierto, se incitan al mismo tiempo discusiones bizantinas, al estilo atávico del sexo de los ángeles, para distraer a la galería.
Es precisamente lo que sucede, como distractor fundamental, con la llamada Asamblea Constituyente sacada cual conejo del sombrero, por parte del presidente Gustavo Petro en las últimas semanas, con base en alguna ocurrencia de turno según la cual solo es posible su convocatoria haciéndole el quite a la Constitución. Para ello se hacen todo tipo de maniobras pseudo jurídicas sobre la base, en todo caso, de que la Carta es un estorbo. Y que seguir sus cláusulas en la materia es un camino desatinado, inconsistente y poco recomendable.
Desde luego, por más plastilina intelectual que se le meta al asunto, no hay ninguna razón sólida ni fehaciente, que permita una conclusión de semejante índole. No hay en ello, ciertamente, audacia de ningún tipo, sino por anticipado la aceptación de la impotencia política frente a los postulados democráticos establecidos desde 1991 cuando, como innovación constitucional, se establecieron los fundamentos de la democracia participativa y sus instrumentos. Hay allí, pues, todo un menú de posibilidades, puesto que, según es más que conocido, los delegatarios de ese año fueron precisos y minuciosos en incorporar a la Constitución la mayor cantidad de alternativas, a las que dedicaron buena parte de las discusiones en aras de poner en vigencia los recursos pertinentes de la participación ciudadana que estaban prohibidos desde el plebiscito de 1957.
Esto, además, porque una de las modificaciones esenciales de la nueva Carta, incluso la más evidente, consistió en cambiar la soberanía, depositándola, no en la nación, sino en el pueblo. Es, justamente, de esa soberanía popular de la cual emana el poder público (poder constituyente). Soberanía que es ejercida por el mismo pueblo en forma directa (democracia participativa) o por medio de sus representantes (democracia representativa), de suyo, “en los términos que la Constitución establece” (art. 3).
La soberanía popular no es, entonces, una entelequia amorfa, imprevisible, estrepitosa, dislocada. Obedece, por el contrario, a un reconocimiento y desarrollo constitucional estructural que le permite manifestarse a tono con su importancia y desenvolvimiento. Bajo esa perspectiva, en modo alguno el poder constituyente, tan traído a cuento por Petro, es independiente de las condiciones dadas para su expresión y solidez. Y mucho menos se trata de una soberanía tumultuaria, ineficaz, fragmentaria, reducida al cenáculo de unos pocos, todavía en menor medida apalancada en los sectores armados e ilegítimos que, a gusto y regusto, pululan en el país. Por el contrario, es una soberanía que exige una expresión verdaderamente popular, exenta de presiones, amenazas, esguinces y consagrada a través del mecanismo democrático por excelencia: el voto.
Esa es la Asamblea Constituyente que, en los términos de la democracia colombiana, puede citarse con el aval del Congreso y el referendo previo, y no aquella de hecho y amenazante que se vislumbra en los trinos presidenciales, sus lánguidos balconazos levantiscos y discursos ventijulieros. Y que, a estas alturas, aun con todos los rigores de ley y restando solo medio mandato presidencial, aparece tardía y más bien un globo de ensayo para enzarzar al país en un cuentazo más que, generando discordia, evade lo poco que queda de soberanía y tranquilidad por carencia del ejercicio de autoridad.
Denunciar, seguramente sin éxito, el acuerdo de paz con las Farc ante la ONU dizque para soportar esa Constituyente, inclusive irse hasta la desmovilización del M-19, que no tuvo ninguna Asamblea de este tipo de exigencia (la de 1991 nació de un movimiento estudiantil espontáneo), no es sino muestra, a como dé lugar, de la distracción que se pretende de las realidades nacionales. Porque ya está visto, por ejemplo, el desastre causado a los maestros con la reforma a la salud que se pretende extender a todos los colombianos. Para no hablar de que la crisis económica seguirá de largo por la sordera gubernamental, profundizando su impacto social. La misma sordera ante las voces de alcaldes y gobernadores que claman, sin respuesta, por la seguridad de sus regiones mientras la administración, asimismo, está sumida en las cada vez más pútridas cloacas de la corrupción que alimentó.
Cualquier día podrá haber Constituyente, pero solo cuando haya gobierno: palabra que sí.