Tras el impacto público que produjeron los últimos casos de ataque con sustancias químicas, las autoridades se comprometieron a generar no sólo un nuevo marco normativo para reaccionar ante esa clase de agresiones, sino que anunciaron que se implementarían medidas para controlar la venta indiscriminada de este tipo de productos.
Ese proceso va viento en popa, a tal punto que ya están listos el decreto y dos resoluciones mediante las cuales el Gobierno nacional busca afrontar este flagelo y garantizar la atención a las víctimas de atentados con ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas que, como ya todo el país es consciente, están siendo utilizadas por criminales y desadaptados como ‘armas’ que pueden producir desde graves desfiguraciones hasta la muerte, como fue el caso reciente de un joven en Antioquia.
Según el Ministerio de Protección Social, que lidera el proceso, las medidas contemplan dos etapas. La primera se enfoca en la prevención y para ello se regula la venta y compra al menudeo de los ácidos sulfúrico, clorhídrico, muriático, fosfórico y ácido nítrico así como el hidróxido de sodio. Por ejemplo, se registrarán los datos del vendedor y comprador y el reporte irá a las autoridades.
La segunda etapa de las medidas se refiere al ámbito de la atención de las víctimas, que comprenderá desde los primeros auxilios, atención médica especializada, asistencia psicológica, protección al agredido y su familia, acceso a la justicia y judicialización de los atacantes así como la garantía de ocupación o rehabilitación laboral de los afectados. Uno de los aspectos más clave será la adopción de un Protocolo de Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataques con Agentes Químicos, pues está claro que la red hospitalaria en sus distintos niveles de complejidad adolece de tal ruta crítica.
A la par de todo lo anterior se sabe también que la Fiscalía está revisando el estado de los procesos relacionados con ataques con ácidos para establecer si se han dado los pasos necesarios para garantizar el castigo drástico a los agresores. Se trata de una tarea indispensable pues no son pocas las voces que se advierten falencias en las estadísticas sobre atacantes con ácido, pues se estaban mezclando también casos de afectaciones accidentales.
Entre tanto, en el Congreso se analizan ya sendos proyectos de ley que buscan no sólo crear un tipo penal autónomo para esta clase de agresiones con sustancias químicas, sino que están enfocados a restringir la posibilidad de que los sindicados o condenados puedan acceder a rebajas o beneficios penitenciarios que los tengan en poco tiempo, de nuevo, en las calles, mientras que sus víctimas se someten a largos y dolorosos procesos de recuperación o incluso yacen en el cementerio. Sacar adelante este tipo de agravaciones penales no será fácil, puesto que así como hay expertos que señalan que un ataque con ácido puede asimilarse a una tentativa de homicidio, otros conceptos advierten que las normas existentes ya son de por sí drásticas para impartir castigos a quienes incurran en esta clase de delitos, y que el problema radica en que la administración de justicia no es lo suficientemente ágil para condenar de manera proporcional al daño cometido.
Más allá de este último debate, lo cierto es que si bien nadie niega la urgencia de mejorar en prevención de ataques con ácido o la atención de las víctimas, o incluso en aumentar las penas para que sirvan como elemento disuasivo, en el fondo siempre está el dilema sobre qué le está pasando a una sociedad en donde hay personas que sin el mínimo resquemor moral ni sentido de humanidad son capaces de lanzar a otras sustancias que las desfiguran o matan.