De extrema gravedad el último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), según el cual, si se compara lo ocurrido en los primeros cuatro meses de los mandatarios que asumieron el primero de enero 2020 respecto al mismo periodo de este 2024, se encuentra que los casos de violencia política contra gobernadores, alcaldes, diputados y concejales han registrado un aumento de en un 346 %.

Se trata, sin duda alguna, de una situación bastante complicada. Los cabildantes han sido las mayores víctimas de esta ola de violencia sin precedentes, que no solo se está presentando en el suroccidente del país, en donde el Gobierno suspendió el cese el fuego que había pactado con las disidencias de las Farc, sino que se ha extendido a otras zonas.

En esos ataques a los concejales no deja de llamar la atención que los pertenecientes al Partido Conservador han terminado siendo los más afectados, circunstancia que ya ha sido advertida en varias ocasiones por las directivas de esa colectividad política, que ha urgido a las autoridades aumentar la protección a sus dirigentes a nivel territorial y local.

Más preocupante aún es que los victimarios de los dirigentes políticos a nivel departamental y municipal no provienen de un solo factor delincuencial. Por el contrario, los atentados y amenazas, sobre todo contra alcaldes, concejales y diputados, son perpetradas tanto por grupos residuales de las Farc, como de la guerrilla del Eln, así como de bandas criminales de alto espectro, como el ‘Clan del Golfo’ o ‘La inmaculada’, al igual que de organizaciones más pequeñas de microtráfico, minería criminal, deforestación, hurtos y contrabando, entre otros.

Es imperativo, entonces, que desde el Gobierno nacional, especialmente de los ministerios de Defensa e Interior, así como de la Unidad Nacional de Protección se genere una estrategia integral para proteger a los ejecutivos y legislativos a nivel departamental y municipal. No puede el país volver a esas épocas aciagas en que semana tras semana quienes eran elegidos en estos niveles terminaban asesinados o en el exilio.

Asimismo, la Casa de Nariño está en la obligación, sobre todo con aquellos grupos con los que tiene abiertos procesos de diálogo y negociación, así como acuerdos de cese el fuego bilateral, de exigirles que no sigan victimizando a la dirigencia política.

No hay que olvidar que este informe de la MOE se da en momentos en que gobernadores como los del Valle y Cauca han advertido que el control territorial por parte de los grupos armados ilegales ha venido aumentando de forma muy preocupante.