* Mejoró transparencia pero faltan ajustes
* Resultados de legislativas siguen en vilo
El sistema electoral colombiano recobró el domingo pasado, en la primera vuelta de la contienda presidencial, buena parte de la confianza pública y credibilidad institucional que había perdido en los comicios parlamentarios del pasado 13 de marzo, cuyos resultados no solo continúan siendo inciertos, lo que sin duda es una mácula que crece día tras día, sino que todavía la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral como tampoco la Fiscalía y Procuraduría han podido determinar, de manera clara y contundente, la causa de las graves e inéditas irregularidades que llevaron, primero, a un desfase de medio de millón de votos no contabilizados en el preconteo para una lista en específico y, luego, a la aparición de otro monto similar de sufragios en los escrutinios territoriales.
Según la propia Registraduría, el sistema de votación y la transmisión de los respectivos datos funcionó de forma ágil y transparente este domingo. La principal prueba de ello es que la diferencia entre los resultados del preconteo y el escrutinio municipal fue de tan solo de 0,1%, considerado como el menor margen de error en la historia de las citas a las urnas en nuestro país.
En ese orden de ideas, se puede concluir que funcionaron los ajustes en materia de doble reporte de los datos a consignar en el formulario E-14, el cambio de los jurados de votación en más de cinco mil mesas, la elección de decenas de miles de testigos electorales, el acceso de los partidos a la transmisión en línea de los resultados, la veeduría sobre el gran parte del software y el rol cumplido por los entes de control y casi una treintena de instancias de observación de los comicios, tanto nacionales como internacionales.
Al final de cuentas, el hecho de que las campañas hayan aceptado el resultado final de las urnas y que el escrutinio local terminara sin un alud de reclamaciones ni apelaciones, puesto que las dudas y quejas fueron resueltas satisfactoriamente, no solo permite que toda la información pase “limpia” al Consejo Nacional Electoral, sino que da un parte de tranquilidad a la ciudadanía sobre la corrección efectiva del sistema, alejando así el fantasma de un eventual fraude a la voluntad popular.
Sin embargo, no todo está resuelto. De un lado, no pocos sectores políticos insisten en que se aprovechen las dos semanas largas que restan para la segunda vuelta con el fin de contratar la veeduría internacional al software electoral, que finalmente no pudo activarse para los comicios del pasado domingo.
De otra parte, no se puede considerar normal ni aceptable que estemos a punto de cumplir tres meses de las elecciones legislativas y todavía no se tenga un resultado definitivo sobre la composición del nuevo Senado. Aunque el Consejo Nacional Electoral viene avanzando en los escrutinios finales, desdice de la fiabilidad del sistema electoral que los colombianos no sepan quiénes fueron los elegidos para la cámara alta, la votación real de las listas e incluso el número concreto de curules que cada una conquistó. Al ritmo que se desarrolla este proceso de revisión, se corre el riesgo de que las credenciales a los congresistas electos se terminen entregando apenas unos días antes de la posesión del Legislativo, el próximo 20 de julio.
En tercer lugar, todo el país continúa a la espera de que la Fiscalía y la Procuraduría tomen las primeras medidas respecto a los responsables, por acción u omisión, de las graves anomalías que se presentaron el 13 de marzo. Estas irregularidades no pueden quedar impunes y se requiere la individualización de los culpables, tanto desde el punto de vista penal como disciplinario. Por igual, más allá de que haya disminuido en algo la controversia en torno a si se requiere un Registrador ad hoc, es imperativo que se agilicen las investigaciones que cursan sobre el titular de la entidad y se dé máxima claridad al respecto.
Por último pero no menos importante, tanto los dos candidatos presidenciales que siguen en competencia como los parlamentarios electos bien podrían empezar a proyectar las reformas políticas y electorales que el país necesita de forma urgente para que en octubre de 2023, en los comicios regionales y locales, no se corra el riesgo de repetir el escandaloso yerro de las legislativas que, más allá del buen resultado del domingo pasado, sigue minando la confianza ciudadana, no en el sistema democrático, sino en la agilidad y transparencia sobre los resultados en las urnas.