* El genocidio del 7 de octubre
* CPI se pega un tiro en el pie
La solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Ahmad Khan, de expedir órdenes de captura contra el jefe de Estado israelí Benjamín Netanyahu y su ministro de defensa, por supuestas violaciones al Estatuto de Roma, pone de presente la insólita maniobra que el funcionario pretendió para equipararlos con los terroristas de Hamás. Aunque no está claro el alcance del recurso entablado para estudio preliminar de la sala respectiva de la CPI (mucho menos frente a un país sobre el que no tiene ninguna jurisdicción) la intención, sin embargo, parecería obedecer a un manifiesto sesgo político, en vez de ser un procedimiento cimentado en una mínima sindéresis jurídica.
Lo cual desdice, por supuesto, no solo de las atribuciones y límites estatutarios, sino del adecuado discernimiento al que el fiscal internacional está obligado en un investigación exhaustiva y pormenorizada, más allá, por ejemplo, de las cifras nunca constatadas dadas por Hamás. Porque no es, en efecto, la CPI una entidad de índole política. Por el contrario, es un organismo de estricta naturaleza judicial, protegido precisamente de la opacidad informativa que, por lo general, suscita la “neblina” de la guerra. Tribunal soportado, además, en cláusulas reglamentarias taxativas. Y cuyo origen son los juicios de Nuremberg, cuando el mundo pudo enterarse, con estupefacción y vergüenza, de la barbarie nazi contra el pueblo judío que prácticamente borró del mapa a seis millones de almas (casi la raza entera), sometiéndolas a la inanición y a morir en las cámaras de gas −que ni las ratas− porque resultaba muy costoso y prolongado gastar balas en el exterminio.
A su vez, crueldad genocida, sobre la cual inclusive hoy algunos hacen gala de un velado y doloroso negacionismo con el fin último de señalar que tal vez la creación del Estado de Israel no daba para tanto. Y también que haberlo establecido en el territorio de sus orígenes, permitiendo los británicos a los judíos edificar, en principio, asentamientos en aquella región luego de la derrota del imperio otomano en la Primera Guerra Mundial (después de casi 500 años de dominio de la zona), y unas décadas más tarde ser propuesto por parte de Estados Unidos y Rusia (entonces URSS) un pequeño Estado tras el holocausto de la Segunda Guerra, para su amparo, todo ello habría sido a la larga un despropósito. Se olvidan, claro, de que ese pequeño Estado trató, desde su fundación y en estos 75 años, de ser aniquilado varias veces por los ejércitos árabes, sin éxito, y que, por ende, su seguridad sigue siendo un precepto ineludible. Todavía con más veras cuando los nuevos actores recurren al más desembozado terrorismo, tanto con fines genocidas como con el objetivo, no de constituir un Estado palestino, sino derruir el de Israel.
Precisamente, se abstiene el fiscal de endilgar el delito autónomo de genocidio a los máximos responsables del comando fundamentalista islámico que perpetró la cobarde y espeluznante matanza de 1.200 inocentes, de hecho, en territorio del Estado de Israel, el pasado siete de octubre, produciendo, además 240 secuestros, casi la mitad todavía vigentes.
El propósito, como lo reivindicaron públicamente los terroristas, era y sigue siendo el de acabar esa raza y también su religión, tal cual lo señaló textualmente uno de los comandantes en la auto adjudicación. Y que, de paso y de tal modo, llevó a pique la noción pacífica de la Autoridad Palestina, convenida en los acuerdos de paz de Oslo como base inicial para un posterior Estado palestino y la devolución integral de los territorios que, por lo demás, los israelitas desalojaron y dejaron en manos de aquella Autoridad desde hace lustros. Es decir, en síntesis, que el delito de genocidio cometido por Hamás, no solo cabe claramente en la tipificación hecha en el Estatuto de Roma, sino que fue aceptado por los mismos perpetradores como objetivo central.
Semejante elefante en la sala, que no vio el fiscal ni hace meses ni hoy, bordea, ciertamente, el prevaricato internacional. Y como si fuera poco pasó luego a equiparar al gobierno democrático y de unidad nacional israelita, encabezado por Netanyahu y su ministro de defensa, o sea, un gobierno representativo de todo el pueblo desde la izquierda a la derecha, con los bárbaros de Hamás.
De hecho, la oposición, que hace parte del consejo de ministros, sentó su protesta por esa conducta. De ahí para adelante es, desde luego, equívoca la declaración del fiscal que, más bien, parecería señalada para que Israel no pueda proceder a la legítima defensa y liberar a los secuestrados que pueden estar en Rafah, frontera, además, que Egipto no ha querido abrir a los gazatíes. Ni tampoco tuvo en cuenta las 542.000 toneladas de ayuda humanitaria permitida por Israel, como los 28.000 camiones correspondientes, mientras los de Hamás han intentado camuflar sus armas allí, además de usar a la población civil de escudo humano y de esconder sus arsenales en los hospitales: atentados descomunales contra el Derecho Internacional Humanitario. Cada ataque de Israel ha sido, además advertido, con base en los postulados de los convenios de Ginebra sobre la guerra, para proteger a la población civil.
En ese orden, la Corte Penal Internacional se ha pegado un tiro en el pie. Difícil que se recupere.