La tragedia de la menor de edad de 14 años que fue asesinada y desmembrada en Cali por un celador, que ya estaba siendo procesado en otro caso de abuso sexual, abre varios interrogantes en torno a lo que está pasando en Colombia con los delitos de feminicidio.
En primer lugar, hay que destacar la forma rápida en que el responsable del atroz hecho, que había huido de la capital vallecaucana, terminó siendo localizado y capturado en Villavicencio. La colaboración ciudadana fue clave para dar con el paradero del homicida, quien ya incluso aceptó ante un juez los cargos que se le imputaron.
Sin embargo, hay otros aspectos que requieren un análisis a fondo. Por ejemplo, en vista de que se trataba de una persona que ya estaba siendo investigada por un delito de abuso sexual a un menor de edad, no pocos sectores del país se han preguntado si en este tipo de casos cabe que el sindicado se le deje en libertad condicional mientras avanza el proceso. Es claro que si esta persona hubiera estado tras las rejas mientras se definía su responsabilidad en ese primer caso, la menor de Cali no habría caído en sus garras.
De igual manera, hay una discusión en torno a que, si tratándose de personas que están siendo investigadas por delitos graves contra menores de edad, no debería existir algún tipo de mecanismo en el sistema judicial colombiano que alerte a la ciudadanía en general sobre el potencial peligro que representa tener cerca, convivir o emplear a un individuo de estas características.
Se entiende que debe respetarse el principio básico de que toda persona es inocente hasta que sea vencida en juicio y condenada, pero los derechos de los niños y adolescentes son prevalentes, y el que este hombre estuviera en libertad mientras se le procesaba terminó poniendo en riesgo a todos los menores de edad con los que interactuó o, como el caso de la niña asesinada en Cali, simplemente se cruzó en la calle.
Está visto, de otro lado, que, si bien la legislación penal castiga hoy con penas entre cuarenta y sesenta años de cárcel a los feminicidas, más aún cuando las víctimas son menores de edad, la incidencia de este delito no ha bajado de manera sustancial. Este año, por ejemplo, ya se tiene registro de más de 260 casos, pero podrían ser más. La prevención y el máximo cuidado sobre los niños y niñas termina siendo, entonces, la principal arma para evitar que caigan en las manos de este tipo de criminales que deben recibir el máximo castigo posible.