*Urge un plan de acción más integral
*Fallas en la hoja de ruta preventiva
Una vez más están prendidas las alertas en muchas regiones por el aumento de los feminicidios. Las cifras que manejan distintas autoridades y organizaciones no gubernamentales son dispares, en gran parte porque la tipificación del delito no es automática cuando se produce el asesinato de una mujer o niña, sino que depende de la valoración y calificación que haga la Fiscalía con base en las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la muerte violenta.
Así, mientras la Defensoría daba cuenta de 47 feminicidios entre enero y mayo de este año en todo el país, la Procuraduría indicó que en ese lapso se habían registrado, en promedio, 18 casos cada mes. Entretanto, cifras de algunos observatorios sobre delitos de género señalan que en el primer semestre fueron más de 400 las víctimas. De mantenerse esta última tendencia, se superarían los más de 500 homicidios de este tipo reportados en 2023.
La situación, en todo caso, es muy crítica. De hecho, la semana pasada la Procuraduría solicitó la urgente intervención y seguimiento de las personerías municipales y las autoridades competentes frente a los más recientes feminicidios y casos de violencia sexual contra mujeres, adolescentes y niñas en distintas partes del país.
En el Congreso, igualmente, el incremento de homicidios que tienen como móvil principal la condición de mujer de la víctima ha llevado a varios senadores y representantes a plantear la posibilidad de ajustar la ley 1761 de 2015 (o ley "Rosa Elvira Cely"), que tipificó este delito como una conducta penal autónoma, con condenas que pueden oscilar entre los 21 y 60 años de cárcel, dependiendo de los agravantes y particularidades de cada asesinato.
Frente a ello, algunos parlamentarios y juristas señalan que la solución no es aumentar las penas o restringir aún más la posibilidad de que los condenados accedan a rebajas de su tiempo en prisión o flexibilidades penitenciarias, sino que se exige un ajuste de fondo a los mecanismos institucionales de prevención, protección y alerta temprana dispuestos para asistir de manera efectiva a las mujeres que denuncian estar en riesgo. Esto porque no en pocos feminicidios se ha establecido que las víctimas acudieron a inspecciones de Policía, Fiscalía, comisarías de familia y otras autoridades para advertir el peligro que corrían, pero las medidas oficiales reactivas fueron deficientes o incluso nulas. Esta falencia es más grave aún porque los estudios sobre la caracterización de los feminicidios indican que gran parte de los casos fueron perpetrados por la pareja o expareja sentimental de la víctima. En menor escala están las muertes causadas por familiares, otros conocidos o extraños.
Resulta evidente, entonces, que se requiere una estructuración institucional más fuerte y ágil para proteger a las víctimas. Ello exige un fortalecimiento de la red de comisarías de familia, personerías, casas de justicia, lugares de refugio, alertas tempranas, así como de las medidas precautelativas contra los potenciales agresores. También es necesaria una resolución más diligente de la custodia de los menores de edad y el establecimiento rápido de las cuotas de alimentos y otros elementos pecuniarios que, lamentablemente, no en pocas ocasiones terminan siendo detonantes del móvil criminal.
De otro lado, en el marco de la comisión de expertos que lleva meses analizando las bases de una reforma a la justicia, tanto el ministerio del ramo como la Fiscalía General –hoy en cabeza de juristas mujeres–, así como la Corte Suprema de Justicia y otras instancias, han planteado distintas alternativas para castigar con más severidad los delitos relacionados con violencia de género e igualmente mecanismos para reducir la victimización y revictimización de las mujeres y niñas. Por ejemplo, urge una judicialización más certera de los agresores con el fin de evitar su excarcelación por vencimiento de términos y otras gabelas jurídicas, lo que aumenta el nivel de peligro para las mujeres agredidas o denunciantes.
Entre los aspectos que se evalúan están las relaciones de causalidad entre los feminicidios y la violencia intrafamiliar, este último uno de los delitos más disparados este año. En este escenario, es apremiante la formulación de una política integral, transversal y multidisciplinaria en los distintos niveles de los órdenes nacional, departamental y municipal que permita detectar tempraneramente señales de alerta. Igualmente, se requiere un despliegue institucional más fuerte en áreas rurales, comunidades aisladas o estado de vulnerabilidad.
También debe analizarse, desde el aspecto sicoconductual, lo que implican los casos cada vez más recurrentes de feminicidas que una vez perpetrado el crimen se quitan la vida, denotando una premeditación homicida en cuanto a cometer el asesinato y suicida para evitar ir a la cárcel.
Como se ve, el combate a los feminicidios es una cruzada muy compleja y necesita un plan de acción que no solo demanda mayor diligencia de las autoridades, sino también de comunidades y familias, que son las primeras llamadas a advertir de situaciones de riesgo. De lo contrario, la fatalidad seguirá en aumento.