Los  problemas que se presentan a escala nacional con los sistemas de transporte masivo que tienen como modelo base el de los buses articulados no son pocos. Es más, recientes diagnósticos presentan un panorama muy preocupante en el que se mezclan cuestiones estructurales y coyunturales: demora en la construcción de troncales y estaciones; bajo número de buses articulados y alimentadores; denuncias de anomalías por deficiente índice de chatarrización del parque automotor tradicional que sale de circulación; competencia desleal de otras modalidades de transporte masivo e individual, incluyendo mototaxismo y ciclotaxismo; ausencia de pedagogía ciudadana sobre las ventajas de usar el nuevo sistema de articulados; falta de plataformas de coordinación e integración con redes formales de buses, busetas, colectivos; trabas en el arranque de mecanismos de pago no monetario, como el de las tarjetas; muy bajo índice de pasajeros transportados; dificultades financieras muy graves de las empresas operadoras; denuncias por casos reiterados de inseguridad y hasta de agresiones sexuales; alertas por índices de accidentalidad de los articulados…

En fin, un sinnúmero de problemáticas que, por ser tan distintas de una ciudad a otra, exigen un tratamiento muy puntual para hacerle frente. Y a ello debe sumarse que estos sistemas son manejados por las administraciones locales, sin que sea muy clara la forma en que deben trabajar con entidades del orden nacional como ministerios y superintendencias.

De allí que deba estudiarse con cabeza fría la propuesta que se escuchó en los últimos días en torno de que desde el orden nacional se cree una superintendencia especializada en la vigilancia de todos estos sistemas de transporte masivo. No hay que olvidar que la Nación financia más del 70 por ciento de los mismos y por lo tanto, sin que ello signifique una vulneración de la autonomía distrital o municipal, es necesario que se creen normas marco que permitan estandarizar su funcionamiento y establecer unos lineamientos generales que lleven a que cuando se esté frente a un riesgo operativo, técnico o financiero, se prendan alertas tempranas y haya posibilidad de maniobrar a tiempo. Lo que hoy se está viendo es que las instituciones del orden nacional sólo intervienen cuando las situaciones ya son críticas u obligan a costosas intervenciones y salvavidas. O cuando las protestas de la ciudadanía se tornan violentas y es necesario acudir a medidas más contundentes y proactivas para calmar el ánimo de los desesperados usuarios, operadores, conductores y habitantes en general.