Uno de los delitos de mayor impacto e índice de victimización en Colombia, hoy por hoy, es el de la extorsión. Este flagelo se está extendiendo como una especie de plaga por muchas capitales, ciudades intermedias y municipios pequeños en donde cualquier persona, desde el empresario, comerciante, funcionario público de algún nivel o integrante de alguna familia con recursos, hasta el tendero, transportador, vendedor ambulante y hasta el más humilde trabajador terminan siendo blanco de estas redes criminales que no teman realizar atentados, hurtos, secuestros y hasta asesinatos con tal de obtener su ilícito objetivo.
Las autoridades han venido creando grupos especializados para atacar este fenómeno, del que hacen parte la delincuencia común y organizada, tanto de orden local como internacional. Incluso, se trabaja en una nueva estrategia para bloquear las llamadas extorsivas que se hacen desde las cárceles, que se han convertido en el principal centro de operaciones de estas facciones criminales.
Aunque la Policía y los organismos de seguridad tienen una caracterización muy detallada del modus operandi de estas bandas, toda investigación que aporte valor agregado para reforzar el combate a estos delincuentes es vital. Por ejemplo, la organización no gubernamental Pares acaba de publicar un estudio denominado “Radiografía de la extorsión en Colombia”, que tiene conclusiones muy alarmantes.
Por un lado, se afirma que este no es un delito aislado ni menor, al punto que no solo afecta la estabilidad y la convivencia de las comunidades donde se presenta, sino que es un desafío al poder del Estado. Esto porque el ciudadano empieza a perder la fe en la protección que sus gobernantes pueden darles. Precisamente por ello es que, según Pares, allí donde hay extorsión también existen grupos armados, desplazamiento, tráfico de drogas, despojos y asesinatos. En otras palabras, se trata de un delito transversal a estas actividades.
Aunque las cifras sobre extorsión tienen un alto nivel de subregistro, ya que muchas de las víctimas se abstienen de denunciar por temor a las represalias de los criminales, el informe de Pares señala que esta conducta delictiva creció entre el 2022 y el 2023 un 7,9%, pasando de 9.791 a 10.560 casos en un solo año. El modo predilecto para efectuarlo es a través de la llamada telefónica con 4.513 casos, los cobros directos con un 26% y las redes sociales con un 14,3%. Más alarmante aún es que el 40% de las extorsiones se realizan en el país desde centros carcelarios.
En cuanto a la afectación regional, se indicó que las zonas en donde más se presenta son Antioquia, Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca y Norte de Santander.