La violencia regional y local continúa aumentando pese a que las Fuerzas Militares y la Policía han redoblado operatividad en los últimos meses en pos de contener el pico delictivo.

Como lo hemos reiterado en estas páginas, una visión es la que trata de mostrar la Casa de Nariño y el Ministerio de Defensa, en torno a que los indicadores sobre delitos de alto impacto han ido disminuyendo, y otra la que denuncian los gobernadores y alcaldes, quienes sostienen que en el día a día de los departamentos y los municipios la inseguridad y el orden público son la nota predominante.

De hecho, en los análisis que están haciendo candidatos y partidos sobre los temas que han marcado esta campaña electoral que culmina el próximo domingo, es claro que la mayoría coincide en que el creciente accionar de la delincuencia común y organizada es lo que más preocupa a los habitantes tanto en las áreas rurales como en los conglomerados urbanos.

En ese orden de ideas, si se revisa el último reporte del Ministerio de Defensa sobre la evolución de las principales actividades criminales entre enero y septiembre de este año, se encuentra que uno de los flagelos que más ha crecido en lo corrido del 2023 es, precisamente, el de la extorsión.

Las cifras son contundentes: se han reportado más de 7.600 casos, lo que implica un aumento de más del 18% con respecto a lo ocurrido el año pasado. Se trata de un asunto de extrema gravedad, puesto que este es uno de los delitos en donde hay uno de los subregistros más altos, toda vez que las víctimas prefieren no denunciar ante las autoridades por temor a ser blanco de retaliaciones de las bandas criminales.

Todos los días se escucha en las calles de muchas ciudades y municipios que los extorsionistas están desbordados. Comerciantes, industriales, transportadores, vendedores ambulantes y humildes trabajadores, estudiantes, residentes y hasta inquilinos son objeto de ‘vacunas’ por parte de redes delictivas que se han extendido de forma exponencial. De igual manera, semana tras semana se reportan atentados, asesinatos y otro tipo de intimidaciones a personas de todos los estratos que no ceden a las peticiones de los criminales.

Es imperativo que se reformule la estrategia de la Fuerza Pública y los organismos de seguridad contra este flagelo, ya que la que se viene implementando no está dando los resultados esperados, y la mayor prueba de ello es que la extorsión se ha convertido en una especie de ‘pandemia’ a nivel nacional.