* Criminales azotan al suroccidente del país
* Población civil, otra víctima de “paz total”
La crisis de orden público y seguridad en todo el país sigue agravándose. Aunque las estadísticas del Ministerio de Defensa señalan que algunos delitos de alto impacto han reducido, las autoridades territoriales advierten un pico de homicidios, masacres, secuestros, extorsiones y hurtos, así como un repunte en el accionar de bandas criminales de alto espectro y de la guerrilla del Eln y los grupos residuales de las Farc. Esto último pese a que hay sendos acuerdos de cese el fuego con estas facciones en el marco de la accidentada política de “paz total”, que hoy hace agua en todos sus flancos.
Entre los temas que más preocupan está el proceder violento y desafiante de las disidencias de las Farc, también llamadas ‘Estado Mayor Central’ (EMC). Aunque desde octubre pasado está vigente un pacto con el gobierno Petro para no adelantar operaciones militares ofensivas entre dicha organización ilegal y la Fuerza Pública, lo cierto es que semana tras semana se denuncian violaciones a ese compromiso por parte de la facción compuesta por cuadrillas y frentes que no se acogieron al proceso de paz de 2016. Tampoco están cumpliendo con la suspensión de hostilidades contra la población civil.
Son muchas las pruebas de esas anomalías: ataques a personal militar y policial, instalación de ‘retenes’ en vías rurales, ‘patrullajes’ armados en corregimientos y algunos cascos urbanos, ‘carnetización’ de población campesina, imposición de ‘normas de comportamiento’ a la misma, reclutamiento forzado de menores (sobre todo indígenas), tal y como su participación abierta en operaciones de narcotráfico, secuestros, extorsión y minería criminal… A todo esto, habría que agregar los continuos combates en distintas zonas del país con guerrilleros del Eln y la ‘Nueva Marquetalia’, así como con bandas como el ‘Clan del Golfo’.
Tanto cuando se firmó la primera tregua ‒en octubre‒ como en su prórroga ‒a mediados de enero‒ hasta julio, desde muchos sectores se advirtió que había varias complejidades a bordo que no se estaban teniendo en cuenta en este improvisado pacto con la facción comandada por alias ‘Iván Mordisco’. Por un lado, que era muy endeble y deficiente el mecanismo de monitoreo y verificación que acordaron las partes para vigilar el cumplimiento del “cese el fuego bilateral y temporal de carácter nacional”. Esta circunstancia, como lo han denunciado gobernadores, alcaldes, entes de control y organizaciones no gubernamentales, ha llevado a que la tregua esté siendo aprovechada por las disidencias para fortalecerse militar, económica y territorialmente. También se alertó que al no estar clara la estructura, pie de fuerza ni rango de operación territorial del ‘EMC’, sería muy complicado establecer qué grupo violó el cese el fuego y si el mismo estaba subordinado al ‘mando nacional’ subversivo.
Esas falencias han tenido este proceso de paz de crisis en crisis, sin mayor credibilidad ni apoyo ciudadano. La última contingencia por cuenta del ataque el fin de semana pasado de un grupo del frente ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias a una comunidad indígena en el Cauca, que se opuso al reclutamiento forzado de jóvenes del resguardo. Los guerrilleros accionaron sus armas y asesinaron a una líder de la Guardia Indígena e hirieron a varias personas más. El Gobierno, que acababa que reunirse con la “minga” en Cali, consideró de suma gravedad lo ocurrido y decidió suspender el cese el fuego en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño, ordenando a las Fuerzas Militares y de Policía reanudar sus operaciones ofensivas contra este grupo ilegal en esa zona del suroccidente del país. Todo ello en medio de un temor generalizado en la población por el riesgo de una escalada terrorista por parte de los insurgentes.
Como era apenas obvio, a la cúpula del ‘EMC’ no le gustó la decisión gubernamental e interrumpió las tratativas, dejando en vilo el accidentado proceso. Pero más allá de esto, gobernadores como los del Tolima, Meta y Antioquia, entre otros, están urgiendo al Ejecutivo que también suspenda en sus jurisdicciones el cese el fuego, ya que el grupo subversivo es el principal factor de crimen, violencia y victimización de la población civil. La cuestión es tan complicada que ayer el ministro de la Defensa admitió que se evalúa si es necesario ampliar la reactivación de operaciones ofensivas a otras zonas del país.
Visto lo anterior, no hay que llamarse a engaños: esta crisis de orden público en el suroccidente del país, en donde el Estado parece en retirada y son los grupos criminales los que están primando en muchos territorios, es una consecuencia directa de la contraproducente, atropellada e riesgosa política de “paz total”, así como de una estrategia de orden público y seguridad ineficiente y débil, a tal punto que le está ‘amarrando’ las manos a la Fuerza Pública, impidiéndole, en el día a día, cumplir con su mandato constitucional de garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos. Un riesgo advertido muchas veces al Ejecutivo, reiterado en las mociones de censura al titular de la cartera castrense, pero desoído, de forma terca e indolente, por la Casa de Nariño, pese a que a diario cuesta vidas de personas inermes.