- Informes de ONU y EU avalan actual estrategia
- No insistir en atajos inciertos de la legalización
La estrategia de lucha contra el narcotráfico implementada durante el primer año de mandato del presidente Iván Duque recibió en las últimas semanas dos espaldarazos de mucha significación. De un lado, a finales de junio la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, del gobierno de Estados Unidos, indicó que la extensión de cultivos ilícitos en Colombia al cierre de 2018 dejó de crecer por primera vez en siete años e incluso empezó a reducirse. Según dicha medición mientras en 2017 había 209 mil hectáreas de sembradíos ilegales, un año después esa extensión bajó a 208 mil, en tanto el potencial exportador de cocaína pasó de 900 toneladas métricas a 887.
A ello se suma que el viernes pasado se conoció el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Esta medición también confirmó que la extensión de los sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola dejó de crecer en 2018 e incluso registró una leve disminución: mientras que en 2017 se registraron 171 mil hectáreas, al cierre del año pasado había 169 mil.
Ya desde enero el presidente Duque venía reiterando que la combinación de la erradicación forzosa de cocales por parte de las autoridades y de la sustitución de narcocultivos pactada con miles de familias campesinas venía dando resultados positivos y era posible revertir el boom narcotraficante ‘heredado’ de la administración Santos. Lo cierto es que en lo que va corrido del actual mandato se han eliminado ya 80 mil hectáreas de sembradíos ilegales. Aunque el porcentaje de resiembra está alrededor del 30 por ciento, la meta para este 2019 es acabar con entre 80 y 100 mil hectáreas.
Alcanzar ese objetivo será difícil. No hay que olvidar que gracias a la aplicación sólida del Plan Colombia en 2013 el país llegó a reducir a solo 43 mil hectáreas el área de sembradíos ilegales, un récord inédito que llevó a prever que, tras décadas de desangre y violencia derivada del narcotráfico, estaba cerca la posibilidad de acabar con esta empresa criminal que en un momento dado de la historia estuvo a punto de cooptar al Estado y convertirnos en una nación fallida. Sin embargo, el gobierno Santos decidió al final de su primer mandato variar la estrategia antidroga, no solo como producto de las negociaciones de paz con las Farc en La Habana, sino que incluso en 2015, haciendo eco a una alerta de una agencia adscrita a la Organización Mundial de la Salud, prohibió las fumigaciones aéreas con glifosato a los narcocultivos, que sin duda eran la herramienta más efectiva para frenar su crecimiento. Y como si todo lo anterior fuera poco, al analizar con la guerrilla una posible solución al problema de las drogas ilícitas, se pactó que habría compensación económica a campesinos por la destrucción voluntaria de los cocales, lo que generó un “incentivo perverso” que llevó a que miles de familias se lanzaran en todo el país a sembrar desaforadamente ¿El resultado? En menos de cinco años se quintuplicó el área de narcocultivos, pasando de 43 mil a casi 210 mil hectáreas.
Un fracaso sin precedentes, más aún porque se prometió que una vez las Farc se desarmaran el Estado entraría con toda su fuerza institucional a imperar en esas zonas dejadas libres por los subversivos y desterraría toda la economía ilegal y violenta derivada del narcotráfico. Sin embargo, ello no ocurrió y fueron las disidencias de las propias Farc, el Eln, las bandas criminales de alto espectro y los carteles de vieja y nueva data los que se lanzaron a una guerra sin cuartel para adueñarse de los sembradíos ilegales, los narcolaboratorios y las rutas para movilizar la droga.
Ahora, al cumplir el gobierno Duque su primer año, los avales de las agencias de la ONU y Estados Unidos a su estrategia antidroga son muy significativos, no solo porque evidencian que se está empezando a retomar el camino que hasta 2013 era exitoso en la destrucción de los narcocultivos, sino porque reiteran que el Estado no puede flexibilizar la lucha contra este flagelo criminal. Todo lo contrario: tras la precisión que hiciera semanas atrás la Corte Constitucional sobre las condiciones para reanudar las fumigaciones aéreas de los cocales con glifosato, se espera que en pocas semanas esta herramienta pueda activarse de nuevo, bajo los más estrictos parámetros de impacto ambiental y humano. También es claro que hay multiplicar los golpes a las disidencias, el Eln, el “Clan del Golfo”, “Los Pelusos”, “Los Caparros”, “Los Pachenca” y otros grupos criminales que se adueñaron del negocio criminal. También debe insistirse en la vigencia del decreto que quiere preservar los entornos escolares y parques públicos del riesgo que representa el consumo de drogas. Igualmente hay que evitar que la justicia transicional se desborde y afecte los linderos de la extradición y el castigo a los desmovilizados reincidentes en el delito. E igual exigir que el Estado retome las zonas dejadas por las Farc e imponga allí su autoridad legítima y serena. Y, por último pero no menos importante, urge desechar esas propuestas inciertas de legalización, que incluso han evidenciado su inviabilidad en países que ya tomaron esa ruta.
La estrategia antidroga está clara. Lejos de buscar esos peligrosos atajos de la despenalización del tráfico o la flexibilización extrema del consumo, hay que insistir y enfatizar en el camino señalado por este Gobierno, más ahora que los resultados empiezan a certificarse.