*Las cifras no concuerdan
*Medio ambiente y desarrollo
La explotación minera en Colombia que contradice o viola los preceptos del medio ambiente y causa gravísimos daños, ha sido denunciada por diversos entes como la Universidad, la Academia y algunos medios de comunicación, como en excelentes trabajos de investigación del Estado, los particulares y la Contraloría General de la República. La contralora Sandra Morelli, no solamente ha denunciado casos aberrantes de destrucción de zonas que son intocables e inexplotables por su valor ecológico para la especie humana y los animales por cuenta de la barbarie de algunos mineros, que por la codicia de explotar ricos yacimientos no vacilan en contaminar las aguas de los ríos con materiales tóxicos como el mercurio y otros productos que son mortales y afectan la salud de millones de seres, hasta producir penosas enfermedades, malformaciones físicas en los niños y daños letales en los jóvenes y adultos. Comunidades enteras, pueblos y ciudades del país pasan por dolorosos procesos de degradación orgánica que muchas veces no pueden combatir por sus bajos ingresos, sin que las empresas que provocan semejantes males en la población se den por enteradas, ni reparen a las víctimas. El drama de la población de escasos recursos por causa de los daños irreparables a su salud ha provocado la protesta de organismos nacionales e internacionales, sin que se consiga enfrentar a fondo el problema, en parte por falta de una positiva legislación al respecto. La comunidad desorganizada es poco lo que puede hacer para defenderse, mientras las poderosas compañías mineras se benefician en materia de contratación al no aprobarse el código minero, como se barruntaba en los círculos de los entendidos en estos asuntos.
El más reciente estudio de la Contraloría muestra con cifras irrecusables que: “Colombia, por cada 100 pesos que la minería paga al país las empresas dedicadas a la industria extractiva representan 200 pesos de pérdidas para el Estado, por cuenta de las deducciones, descuentos y exenciones”. Sin entrar a detallar el hecho de que la minería formal ignora en no pocas oportunidades los derechos de las comunidades. Entre el 2005 y el 2010 "las empresas mineras pagaron en promedio 878 mil millones de pesos anuales por concepto de impuesto a la renta, mientras que tuvieron beneficios que representaron 1,78 billones de pesos”. Y va más lejos el informe de la Contraloría, cuando afirma que de avanzar en una tendencia a perder: “del sector de minas y petróleo en el Producto Interno Bruto de las naciones que tienen industria extractiva, porque el país no se está preparando para reemplazar el faltante que dejará la disminución de esta actividad, mientras que sí heredará los efectos ambientales que deja la minería. Tan sólo con repasar los informes de Mauricio Gómez, en cuanto a la contaminación y los daños al medio ambiente por cuenta de la minería legal e ilegal las pérdidas son multimillonarias e incuantificables, como en algunos casos irreparables”.
A su vez, los cuatro gremios más representativos de la industria minera en el país replican que no comparten el informe sobre la industria minera por cuenta de la Contraloría General de la República, que muestra cómo se dilapida la riqueza minera, se negocia mal y se pagan bajos impuestos. La señora Claudia Jiménez sostiene, que el informe del economista Garay: “contiene apreciaciones que no corresponden a la realidad de la operación de las empresas mineras formales en nuestro país y desconocen las conclusiones de estudios publicados por reconocidos centros de pensamiento nacionales y por firmas internacionales especializadas en minería". Según sus argumentos, que no refutan con cifras diferentes las del informe de la Contraloría, su juicio se fundamenta en datos recogidos de los estudios de entidades como Fedesarrollo, Ernst & Young y la Universidad Externado de Colombia. También aduce que el informe de la Contraloría: “omite los importantes avances logrados en materia de fortalecimiento de la institucionalidad minera y los esfuerzos implementados por el país en materia de supervisión y control, para desarrollar una minería responsable y competitiva".
Y resulta que el debate sobre la evasión minera y los malos manejos en ese sector se recalienta cuando se conoce la opinión de uno de los mejor informados funcionarios del Gobierno como es el Director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, quien en el Congreso de la República, explicó con cifras que: “es incoherente que la nómina reportada por las grandes empresas pase de 58 a 92 billones de pesos (un incremento del 60 por ciento), mientras que los parafiscales (impuesto a la nómina) sólo crecen un 1 por ciento”. Y advirtió que: “el sector minero tributa menos de lo que debe: no es una presunción, es una verdad, pero hay que demostrarlo".