Pese a que la polémica en torno al servicio que presta Electricaribe en siete departamentos de la costa norte lleva varios años sobre el tapete, lejos de encontrarse una solución a esta problemática, la situación es cada día más compleja y crítica.
Prueba de ello es lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Por ejemplo, la Federación Nacional de Departamentos denunció el riesgo de que a partir de mañana empiecen los apagones parciales en la región, debido a que la empresa ya no tendría fondos para seguir pagando a los generadores.
Cuando se lanzó esta alerta, la Superintendencia de Servicios Públicos salió al paso a dicha advertencia, indicando que la entidad no sólo cumplirá su misión constitucional de asegurar la prestación efectiva del servicio de energía en el país, sino que anunció nuevas medidas para vigilar de forma cercana la situación de Electricaribe.
Otro de los flancos de la polémica se dio en el Senado en donde, una vez más, el esperado debate para analizar la crisis de la empresa y la calidad del servicio fue aplazado. Sin embargo, más de veinte congresistas de la región Caribe advirtieron que ante el escenario de una probable intervención a Electricaribe, era necesario que se nombrara un agente interventor independiente y con amplia trayectoria gerencial en el sector energético para garantizar una mejoría real en el servicio a los millones de habitantes de esa zona del país. Hasta ahí todo normal, pero los senadores urgieron también que no se le metiera “politiquería” a este tema y, por lo tanto, pidieron al Gobierno que la designación del eventual interventor no responda al pago de “favores políticos”. Obviamente esta última precisión generó más de una duda en los corrillos políticos nacionales y regionales.
Como si lo anterior fuera poco, se prendió otra controversia en torno a si el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones firmado por los gobiernos de Colombia y España podría llegar a limitar la posibilidad de que Electricaribe, cuya matriz es la multinacional ibérica Gas Natural-Fenosa, pueda llegar a ser intervenida. Incluso se especuló que el rey de España, en el marco de la Cumbre Iberoamericana que se realizó la semana pasada en Cartagena, había tratado el tema con el presidente Santos durante una reunión bilateral. Sin embargo, nada de ello se confirmó oficialmente.
No menos candente ha sido la discusión en torno a si existe el riesgo de que Electricaribe termine demandando a la Nación por una suma cercana a los 4 billones de pesos, que es el monto no sólo de lo que adeudan decenas de miles de usuarios a la empresa, sino de las pérdidas por las conexiones fraudulentas. Ya en el Congreso se ha pedido a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado así como a otros entes de control que activen mecanismos de vigilancia preventiva para monitorear esa posibilidad que, hasta el momento, es apenas una hipótesis. Igualmente se ha dicho que todo el pleito podría terminar siendo llevado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), instancia que depende del Banco Mundial.
Lo que sí es claro es que la decisión de intervenir a una empresa de estas características tiene que sustentarse jurídicamente muy bien, en tanto que debe estar ya listo el respectivo plan de contingencia para que el proceso no cause traumatismos o afectaciones más grandes a la población.
Otro de los ingredientes de la crisis en la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe se refiere a que sea el actual operador o una nueva empresa la que se haga cargo, es urgente adoptar medidas contundentes para contrarrestar lo que se ha denominado la ‘cultura del no pago’ en muchos municipios de esos siete departamentos. A este argumento hay quienes contraponen otro en el sentido de que muchas personas se abstienen de pagar las facturas porque simple y llanamente no reciben un buen servicio y pese a que han elevado múltiples quejas al respecto, no hay mejoría alguna.
Por último, pero no menos importante, está el hecho de que se requiere un músculo financiero sólido para poder financiar todo el plan de modernización y fortalecimiento de las redes, la calidad del servicio y la capacidad de generación en la costa Caribe. Ese tema trascendental debe tenerse en cuenta a la hora de analizar las medidas que se podrían tomar en el corto, mediano y largo plazos.
Como se ve, la crisis alrededor de Electricaribe es muy compleja y afrontarla demanda cabeza fría, ponderación jurídica, planificación operativa, cálculos económicos y estudios serios sobre cómo mejorar el servicio. Es comprensible el desespero de los usuarios por las fallas en el suministro energético, pero también lo es la postura de la empresa en torno a que necesita disminuir urgentemente la cartera morosa.