*No repitamos los mismos errores

*Golpe bajo de Managua

Transcurrido más de un año del fallo inicuo  de la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Colombia sobre el litigio con Nicaragua, prestigiosos internacionalistas advierten que el tiempo para interponer recursos y definir más a fondo la política internacional de Colombia se agota. Lo mismo que se ensayan movimientos inconducentes que dilatan las cosas cuando quedan en manos de la burocracia, como es el de enviar a consulta a la Corte un asunto que es de indiscutible competencia presidencial, como es el caso de la decisión de retirarnos del Pacto de Bogotá. Es claro, que recursos como ese son aconsejados por los abogados oficiales que tienden a buscar ampararse con las decisiones de las cortes para justificar su preceder o eludir, en ocasiones, la responsabilidad. Lo mismo que por la gravedad e implicaciones se quiere cuidar hasta el último detalle, así por exceso se pierda tiempo precioso. Gran parte de la administración pública se encuentra semiparalizada por estos elementos de mentalidad arcaica, que todo lo complican, dado que pretenden que para comprar un lápiz se debe hacer una licitación. Unos pecan por ser permisivos en extremo y otros por exacerbar el leguleyismo ancestral al  que es propensa nuestra sociedad por atavismo colonial. Esas vacilaciones y ambigüedades suelen perturbar la buena administración y no dejan avanzar al desarrollo.

Poco recuerdan que desde mediados de los años 90 el internacionalista, distinguido colaborador de este diario, Rafael Nieto Navia, y el tratadista Prosper Weil, le pidieron al Gobierno que denunciara el Pacto de Bogotá, lo que sucesivos entes oficiales no quisieron hacer, por cuanto llevaba el nombre de Bogotá y lo había ratificado el presidente Carlos Lleras Restrepo. Siendo que el mismo Lleras Restrepo, de conocer las implicaciones del asunto, lo mismo que su canciller de entonces Alfonso López MIchelsen, habrían entendido la conveniencia de salirnos de esa trampa. Por lo mismo y con igual argumento, no debemos caer en la tentación de convertirnos en  signatarios de la Convención del Mar, mucho menos cuando Nicaragua acude a esa instancia para seguir con su vidriosa política de expansión a costa de demandas audaces y arbitrarias contra Colombia. Así no falten internacionalistas descriteriados que sostengan que debemos ir a esa instancia internacional, donde Nicaragua avanza con otra demanda contra Colombia, mientras aquí se congela el debate y las cosas se mueven en cámara lenta, incluso en el Congreso. Se trata de una demanda que atañe a la plataforma continental extendida donde ellos trazan sus propias líneas de base. Advierte, en este caso, el prestigioso jurista Nieto Navia, que nosotros nunca presentamos nuestras propias líneas de base, por lo que los jueces foráneos podrían: “tener en cuenta las líneas de base nicas e ignorar las nuestras cuando se tracen, por ser posteriores a la demanda”. Explica con palabras sencillas que: “Las zonas marítimas de los Estados se miden desde las líneas de base, que son de dos clases: la normal que es la línea de la costa en la marea baja y la recta, aquella que une los puntos sobresalientes de la costa como las radas, bahías, desembocaduras de los ríos etc. Dice el derecho internacional que no pueden medir más de 24 millas náuticas (MN), que es el doble de la anchura del mar territorial”. Y la morosidad burocrática nativa en este tema tan importante debilita en grado sumo la postura colombiana en este campo, puesto que el fallo de La Haya midió la zona contigua y la plataforma continental de Nicaragua, 200 MN, desde la costa, por cuanto no encontró líneas de base rectas. “En consecuencia trazó una ‘línea amarilla’ provisional para indicar las 200 MN y advirtió que Nicaragua podía trazar sus líneas de base y que, en consecuencia, la línea amarilla se correría hacia el este, es decir, hacia Colombia. El efecto es que las zonas marítimas de Nicaragua se amplían y las de Colombia se achican”.

Y lo peor es que se dejó que Nicaragua proceda por decreto a trazar las líneas de base suyas en el Caribe, puesto que La Haya le confiere la iniciativa de trazar los linderos a su acomodo, en algunas partes al correr la línea amarilla se apropian de zonas que históricamente son nuestras. Han pasado tres meses de dicho fallo, sin que Colombia haga nada  al respecto, la Cancillería mantiene un mutismo trapense, que en derecho internacional se interpreta como una tolerancia en contra. Lo que  favorece el filibusterismo expansionista, político y judicial de Managua. Por estar informados de la prioridad que le da la Cancillería de San Carlos a la política con Nicaragua esperamos que se proceda con prontitud para neutralizar ese golpe bajo contra nuestra soberanía.