Uno de los calificativos que más suelen dársele al sistema electoral colombiano es el de “colcha de retazos”. No solo por la gran cantidad de modificaciones parciales y deshilvanadas al respectivo Código y demás mandatos constitucionales y legales, sino porque los ajustes de fondo a la arquitectura jurisdiccional, el régimen de partidos, la financiación de campañas, los mecanismos de protección del voto, la asignación de avales, las facultades del Consejo Nacional Electoral y otros, o se han hundido en su trámite parlamentario o no terminan pasando el examen de exequibilidad en la Corte Constitucional.

Uno de los problemas más recurrentes es que los proyectos se terminan presentando a menos de dos años de las siguientes elecciones, lo que obviamente implica el grave inconveniente de cambiar abruptamente las reglas del juego sobre la marcha de la campaña.

De hecho, hoy por hoy, pese a que faltan menos de dieciséis meses para los comicios parlamentarios, en donde seguramente también se realizarán las consultas interpartidistas para escoger candidatos presidenciales de coalición, cursan una serie de proyectos de ley y actos legislativos que modifican el sistema y la reglamentación electoral.

De un lado, en la Comisión Primera del Senado avanza en tercer debate –de ocho obligatorios– un proyecto de reforma política presentado hace escasas semanas por el ministro del Interior. Hasta el momento ha sufrido muchos cambios. Por ejemplo, de la financiación totalmente estatal se pasó ahora a una mixta. También se morigeró la prohibición de contratar el transporte de los votantes. Igualmente hay bandazos en torno a la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Otros temas tienen relación con sanciones a partidos, mecánica de avales, listas cerradas, paridad de género, democracia partidista interna…

La iniciativa ha estado rodeada de mucha polémica, sobre todo porque el texto inicial claramente estaba en la dirección de beneficiar a los partidos gobiernistas. Aunque se ha ido depurando, no parece fácil que llegue a aprobarse en cuarto debate antes del 16 de diciembre y quede viva para el próximo año.

Otro proyecto de reforma que sigue avanzando es el que autoriza el transfuguismo partidista para los comicios de 2026. Aunque voceros de distintos partidos independientes y de oposición critican al Gobierno, en minoría parlamentaria, por impulsar este acto legislativo, lo cierto es que a la hora de las votaciones la iniciativa logra respaldo mayoritario, al punto que ya superó el tercero de ocho debates.

Pero estos no son los únicos proyectos en curso. Hay más en trámite en las comisiones primeras y plenarias, sobre las más diversas temáticas, algunos con aval partidista y otros presentados individualmente. No pocos son contradictorios entre sí o plantean complicados cambios en juzgamiento de aforados, postulación de magistrados, mecanismos anticorrupción, inhabilidades, inclusión política… En fin, un completo salpicón.

A todo lo anterior se suman los temores que se ciernen sobre la Registraduría Nacional. De un lado, las alertas están prendidas por las inéditas investigaciones abiertas a varios altos funcionarios de la entidad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por presuntamente desatender requerimientos en pesquisas sobre protección a la libre competencia económica en el marco de la contratación estatal del software electoral.

Este proceso de la Superintendencia ha sido cuestionado por expertos y objeto de graves denuncias en el Parlamento por cuenta de senadores y representantes que advierten un supuesto interés gubernamental para afectar la autonomía de la Registraduría y la transparencia de los próximos comicios presidenciales y parlamentarios. Incluso, ya la Procuraduría investiga a funcionarios de la SIC.

La otra gran preocupación se refiere al tema presupuestal, toda vez que en medio de la crisis fiscal del gobierno Petro no están asegurados los recursos para comenzar el próximo año la implementación del calendario electoral.

Paradójicamente, una de las reformas que siempre se prometen después de una cita en las urnas es la atinente a la Ley de Garantías Electorales. Aunque los últimos tres gobiernos han querido modificarla o incluso derogarla, no ha sido posible. Ya sea porque los proyectos fracasan en el Congreso o, como pasó en el mandato Duque, se caen en el examen constitucional en la Corte.

Como se ve, la legislación electoral está, una vez más, en el ojo del huracán. Es previsible que a medida que se acorte la cuenta regresiva para las urnas aumente la controversia. Por el momento, lo único claro es que Colombia sigue imbuida en un desgastante escenario de improvisación de las reglas democráticas. La reformitis está a la orden del día, con propuestas inconexas, contradictorias o sospechosas. Prima el interés particular de algunos partidos y dirigentes, antes que la urgencia de una normatividad moderna, transparente y funcional.