*De la voz de las víctimas, a los derechos
*Superar simbolismos y emocionalismos
La comparecencia mañana del último grupo de representantes de las víctimas del conflicto armado ante la Mesa de Negociación entre el Gobierno y las Farc en La Habana, marca el fin de un ejercicio sin precedentes en los procesos de paz intentados en Colombia en las últimas décadas. El hecho de que los afectados por la confrontación bélica hayan podido expresar ante las partes negociadoras sus visiones sobre lo que debe contener un eventual acuerdo de paz y cómo garantizar el cumplimiento de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, recubre de un manto de legitimidad a las tratativas.
No hay que olvidar que uno de los principales flancos débiles del mecanismo de desactivación y desmovilización de los grupos paramilitares fue, precisamente, que la estrategia se basó preferencialmente en cómo tramitar el desarme y sometimiento a la justicia de los cabecillas e integrantes de las autodefensas, es decir, los victimarios, en tanto que los derechos de las víctimas quedaron en una especie de segundo plano. Si bien la Ley de Justicia y Paz debía garantizar que los paramilitares sometidos a justicia transicional tenían que confesar ante fiscales y jueces la totalidad de sus delitos, móviles, ubicación de los miles de muertos y desaparecidos, así como reparar, mediante peticiones de perdón y entrega de bienes y fortunas mal habidas, a los afectados por sus acciones demenciales, en la práctica, después de nueve años de expedida la norma marco, muy poco de ello se cumplió. No sólo el número de condenas es muy bajo, sino que la obligación de retribuir con verdad, justicia y reparación a las víctimas se dilató impunemente, pese a que los sometidos a la referida ley, culpables de los delitos más atroces, apenas pagan ocho años de cárcel y empiezan a quedar en libertad. Incluso varios de los jefes de las llamadas ‘Auc’ extraditados a Estados Unidos han sido sacados de Justicia y Paz, y otros continúan utilizando todo tipo de maniobras para no confesar sus crímenes, delatar a sus cómplices y entregar los bienes para reparar a sus víctimas.
El actual proceso, además de tener de soporte previo y sólido, el trámite, aprobación y puesta en práctica de la Ley de Reparación a Víctimas y de Restitución de Tierras, ha permitido a los afectados por la guerra exponer en la Mesa los elementos mínimos que debe contener el acuerdo definitivo de paz para el resarcimiento integral a los dañados por el conflicto. Todo ello traducido en un ejercicio de posible reconciliación sin precedentes y que permite avizorar la llegada del proceso a buen puerto. Sin arrepentimiento de los victimarios y capacidad de perdón de sus víctimas, no hay paz posible.
Claro está, no ha sido un mecanismo fácil de implementar. Son múltiples las polémicas sobre la escogencia de los representantes de las víctimas que viajan a La Habana. Igual sectores críticos consideran que la comparecencia de las delegaciones ha estado cargada de demasiados simbolismos y gestos emocionales, pero que, en el fondo, la importancia de su participación en la Mesa sólo se sabrá al final, cuando se firme el eventual acuerdo definitivo y sea claro cuáles serán los compromisos para asegurar si habrá verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Tampoco faltan quienes sostienen que con las Farc actuando militarmente en Colombia, el margen de acción de las víctimas para, como se dice popularmente, cantarle la tabla a la guerrilla y reclamarle por su barbarie terrorista, termina siendo limitado. Igual, varios de los voceros que han podido hablar ante la Mesa de Negociación han denunciado amenazas de grupos radicales de extrema izquierda y derecha. Y no faltan los que aseguran que si el mismo proceso abre la puerta, de entrada, a gabelas políticas y jurídicas demasiado amplias a los cabecillas y tropas subversivas, el eje de presión para que unos y otras confiesen sus múltiples crímenes será muy débil, creándose así un riesgo alto de impunidad.
Todas estas dudas y reservas son las que deben tener en cuenta las partes ahora que finaliza el proceso de comparecencia de los grupos de víctimas y entra en la recta final la búsqueda de un preacuerdo sobre el punto 5 de la agenda. De la seriedad y profundidad del mismo dependerán mucha de la legitimidad y apoyo al proceso, más aún cuando está claro que todo deberá someterse a refrendación popular. Hay, pues, mucho en juego. La Mesa tiene la palabra.