·       La segunda vida del Consejo Superior

·       Una agenda tan urgente como amplia

Tras el fallo de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad de las principales modificaciones al sistema judicial que contemplaba la llamada reforma al equilibrio de poderes, el Consejo Superior de la Judicatura no sólo seguirá vigente sino que tendrá nuevas responsabilidades, como la elección de los magistrados que harán parte del Tribunal de Aforados, pese a que esta instancia aún tiene pendiente una demanda en el máximo tribunal de guarda de la Carta del 91.

Sería ingenuo negar que tanto en el Congreso como en las otras altas Cortes y en muchos sectores de la opinión pública el Consejo Superior de la Judicatura no tiene la mejor de las imágenes e incluso había, cuando se tramitó el año pasado la reforma de equilibrio de poderes, un consenso político amplio en torno a su eliminación y sustitución por un nuevo modelo de gobierno judicial que se encargará de la administración de la Rama así como de investigar y sancionar a jueces, abogados y demás actores de la actividad del derecho. Sin embargo, la Corte Constitucional, bajo la tesis de la sustitución de la Constitución por un exceso en la capacidad reformadora que tiene el Congreso, no sólo tumbó ese nuevo modelo de manejo presupuestal, administrativo y disciplinario, sino que reafirmó la vigencia del Consejo Superior y lo empoderó aún más.

¿Qué pasará ahora? Esa es la pregunta desde la semana pasada en muchas instancias judiciales, políticas, económicas, sociales e institucionales respecto a esta nueva etapa del alto tribunal. La respuesta es sencilla: debe volver por sus fueros, corregir las falencias que ya están sobrediagnosticadas y, sobre todo, recuperar la credibilidad tanto al interior de la Rama Judicial como ante el resto del país. Ello empieza, claramente, por desterrar los fantasmas de la politiquería y el clientelismo judicial que siempre se le han endilgado. Por igual, es claro que debe hacerse más eficiente la función disciplinaria sobre jueces, abogados y demás operadores judiciales, pues las fallas en que por acción u omisión incurren alimentan la creciente confianza  ciudadana sobre el aparato judicial. No menos urgente es que se acabe con el desgastante rifirrafe alrededor de la elección del Gerente de la Rama Judicial, en tanto que tienen que introducirse los máximos controles posibles a la designación de magistrados y demás personal en juzgados, tribunales y altas Cortes. Una mayor cualificación del manejo presupuestal también se impone frente las recurrentes quejas en muchos despachos judiciales, en donde los funcionarios no tienen los elementos necesarios para trabajar o a cada tanto se lanzan a paro, generando un gran traumatismo no sólo a la ciudadanía que exige una rápida y pronta justicia, sino al mismo estado social de derecho que sufre desgastes graves e innecesarios al tener a jueces y demás operadores de justicia paralizados.

Sólo en la medida en que se apliquen esos ajustes la Judicatura podrá abocar con mayor eficiencia tareas como la formulación de un nuevo Plan Decenal del Sistema Judicial, mayo capacitación y profesionalización del recurso humano, la estrategia de modernización de infraestructura y tecnología, profundizar la aplicación del nuevo Código General del Proceso, mecanismos eficaces para una mayor coordinación de políticas públicas institucionales e interinstitucionales para fortalecer la Justicia, la designación de los magistrados del Tribunal de Aforados, así como un diagnóstico y plan de acción para aumentar la productividad y celeridad en la resolución de pleitos en las ramas civil, familia, laboral, disciplinaria, administrativa y de la justicia transicional, que tiene relación directa con la evolución del proceso de paz. De igual manera la Judicatura es eje gravitante de los ajustes que se requieran al sistema penal acusatorio, la justicia penal especializada, el código de  responsabilidad penal de adolescentes, la reforma al Estatuto del Abogado y otras modificaciones pendientes.

Como se dijo, lo importante ahora es que el Consejo Superior de la Judicatura retome la senda funcional que el constituyente del 91 le fijó. Como toda institución después de dos décadas y media de trabajo, se requieren ajustes que, incluso, no necesariamente deben ser de orden legal o constitucional, sino reglamentario e interno. El alto tribunal tiene ahora una segunda oportunidad para demostrar su valía, un reto en el que no puede fallar, no sólo por la trascendental labor administrativa, disciplinaria y presupuestal que cumple, sino porque incurrir en viejas o nuevas falencias a lo único que lleva es a dar pie a accidentados e improvisados intentos de reformas que, por lo general, como se acaba de evidenciar, al final no quedan en nada concreto pero sí generan un traumatismo institucional de gran calado.