*Legado de Álvaro Gómez
*¿Eliminar el Consejo de la Judicatura?
Entre las obsesiones que marcaron la vida política de Álvaro Gómez se destaca la voluntad de reformar la justicia, de derrotar la impunidad, de combatir la corrupción de sus agentes, de modernizarla y hacerla más eficiente. Consideraba que para la democracia era pilar esencial inculcar a la sociedad el respeto por las leyes, por la magistratura, por la justicia. El imperio de la ley prevalece en una Nación en tanto existe un nivel cultural en la población que propende al respeto por las normas. El compromiso entre gobernantes y gobernados es de ambas partes. Los jueces no pueden ser una casta aparte a la que se le tolera infringir la ley y gozar de impunidad. Su padre, Laureano Gómez, había dedicado gran parte de su lucha política a desenmascarar a las raposas jurídicas enquistadas en las instituciones o que se lucraban de manera indebida por clandestinas intrigas en los tribunales. Lo mismo que combatía la doble moral de magistrados y notables políticos, que se acomodaban a las circunstancias y sostenían que un golpe de Estado era lo mismo que un golpe de opinión. Laureano combatió a los funcionarios venales sin importar el partido político al que pertenecían. Eran tiempos de confrontación bipartidista implacable, en los cuales en ambos bandos se dieron políticos que trataron a todo trance de reformar la justicia. Con el Frente Nacional y posteriormente será Álvaro Gómez entre los políticos colombianos de los que más se ocupan en su agenda política de reformar la justicia, lo mismo que Alfonso López Michelsen.
Entre los objetivos importantes que se fijó Álvaro Gómez, en la Asamblea Constituyente, en cuanto a la reforma de la justicia, estuvo la creación del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General. Sin la Fiscalía no se habría podido combatir a las poderosas mafias que asesinaban magistrados y jueces... Estando con su movimiento en minoría debió defender sus tesis y esforzarse por convencer a unos y otros, los proyectos no salieron del todo como él habría querido, pero en las asambleas es preciso atender el criterio general. Según sus palabras, una de las principales misiones del Consejo de la Judicatura sería la de poder investigar a jueces y magistrados. Tales funciones le fueron emasculadas al Consejo de la Judicatura por la primera Corte Constitucional, que avocó un pleito en el que se sancionaba a un juez de Medellín, para cercenarle esas facultades. Y los magistrados se quedaron sin juez, la entidad se dedicó más que todo a asuntos administrativos y otras funciones distintas a las que propugnaba el jefe conservador. Desvirtuada su principal función, los delitos de los magistrados derivan a la Comisión de Acusación de la Cámara, que es inoperante. En vez de acabar con el Consejo de la Judicatura sería más conveniente y práctico, depurarlo y devolverle las facultades para juzgar a los magistrados.
La Corte Constitucional surgió en el seno de la Constituyente de 1991, como otra de las copias casi al calco de la Carta Política de España y de Alemania; en esos países tiene una razón de ser en la medida que impera un régimen parlamentario en el cual a diario se aprueban leyes de enorme trascendencia política y social. En un sistema presidencialista como el nuestro con clara división de poderes, el trámite de las leyes es largo, cuidadoso y dispendioso. Se constituye en un elemento exótico y disolvente que 5 magistrados puedan entrar a legislar y retorcer la voluntad del Congreso y la Presidencia, lo que tiende a anarquizar el sistema. No puede existir ad hoc un gobierno de los magistrados de la Corte Constitucional que alegan que están “desarrollando la Constitución” y otro en la Casa de Nariño, elegido por la voluntad popular. No puede ser que en nombre de 40 millones de colombianos el Congreso y el Jefe de Estado se comprometan a restaurar el Fuero Militar como Ley de la República y que de manera sorpresiva, por supuestos vicios de procedimiento 5 magistrados en resolución más propia de la Patria Boba, lo declararan inexequible. Nadie sabe qué presiones, ni razones llevaron a juristas tan influyentes a atentar contra la voluntad nacional en materia tan grave, que desmoraliza a las Fuerzas Armadas y debilita al Gobierno en pleno proceso de paz en La Habana. Los colombianos que están en su mayoría por el Fuero Militar, acompañan al presidente Juan Manuel Santos en la solicitud de pedir la nulidad del fallo de la Corte Constitucional. Soldados sin Fuero Militar semejan pilotos sin paracaídas.