Las  medidas anunciadas por el Ministerio de Vivienda y la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) para sancionar a quienes no hagan uso racional del agua potable deben ser socializadas ampliamente a escala nacional, regional y local. Incluso, dado que apenas se están comenzando a ver los efectos del fenómeno climático de El Niño, pues está en período de incubación y sólo hacia el último trimestre tendrá su pico de afectación más alto, hay quienes sostienen que la medida no debería aplicarse en sólo algunos departamentos sino que, preventivamente, podría extenderse a todo el país.

Las empresas de acueducto, que son en su mayoría de orden municipal y regional, deben emprender desde ya las respectivas campañas para que los hogares no se vean sorprendidos por castigos tarifarios en las próximas facturaciones del servicio. Cada familia debe tener claro cuál es el límite máximo de metros cúbicos que puede consumir y cuánto el sobrecosto que tendría que pagar si sobrepasa el estándar establecido según el piso térmico de la localidad en que vive.

Pero más importante aún es que no sólo se solicite a las empresas prestadoras del servicio de acueducto un plan inmediato para disminuir las pérdidas de agua en las zonas de emergencia. En este caso también debería ser más drástica la directriz y advertir que cuando se evidencie negligencia o demora injustificada para frenar las fugas del vital líquido, entonces sobrevendrán multas.

No se puede perder de vista que lamentablemente una porción significativa de los colombianos aún no le da a la amenaza climática en este segundo semestre el grado real de peligro que representa. Es necesario, por tanto, hacer entender a la opinión pública que las actuales campañas para ahorrar agua y hacer uso eficiente de la misma, no son unas más de las que año tras año se emprenden, sino que responden a una situación de emergencia inminente y que podría tener efectos graves a corto plazo, como ya se ve en algunas regiones de la Costa norte y los santanderes.