* Uno de los grandes retos de 2024
* Ponderación y rigor fiscal, claves
Uno de los grandes temas con que arranca este 2024 tiene que ver, sin ninguna duda, con el cronograma que se definirá para el aumento en el precio del diésel o ACPM.
Como se sabe, tras más de doce meses de ajustes mensuales, restando solo el que se aplique para este enero o febrero, el valor del galón de gasolina en Colombia ya está nivelado al precio internacional. Esto en el objetivo de disminuir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que cierra el año con un faltante cercano a los 20 billones de pesos. Si se compara con los 35 billones con que terminó en 2022, es un avance sustancial en materia de saneamiento.
El Ministerio de Hacienda reiteró a comienzos de diciembre que ahora el turno le corresponde al diésel, subsidio no solo es más costoso que el de la gasolina sino que el desfase entre el precio que se está cobrando hoy en el país y el valor internacional es más alto, porcentualmente hablando. No se puede perder de vista que el país consume 5,7 millones de barriles diarios de diésel, de los cuales 20% son importados.
De hecho, los cálculos de la cartera de finanzas señalan que si no hay una actualización en el precio del diésel, el déficit del Fondo aumentaría en 2024 en $10,5 billones sólo en lo relativo a este combustible.
A finales de noviembre el sector de transporte de carga, pasajeros y volquetas, representado en la Cámara Intergremial del Transporte, tras las mesas técnicas con el Gobierno, puso sobre la mesa varias alternativas para aplicar de forma gradual los incrementos. Esto bajo la tesis de que una escalada de ajustes drásticos encarecería el valor del pasaje en el transporte intermunicipal y los fletes de movilización de mercancías en un 30% a corto plazo.
La propuesta parte de la base de que es necesaria la revisión de la fórmula que determina el valor del ACPM, con el fin de transitar hacia un “Precio Colombia” que reconozca el costo de producción nacional del combustible, considerando un margen realista de rentabilidad para Ecopetrol. Su planteamiento, recalcaron los citados gremios, es coherente con los escenarios que ya existen en otros mercados energéticos, como en las cadenas del gas natural y la electricidad, además de estar en línea con las necesidades de la población y la urgencia de proteger el poder adquisitivo de los hogares, el tejido empresarial, la potabilidad fiscal y la competitividad del país.
Sin embargo, hasta el momento el Ministerio de Transporte ni el de Hacienda han dado una respuesta a esa propuesta. De igual manera, desde la academia y los centros de estudios económicos se han planteado otras alternativas en este sentido. La mayoría parte de la base de que este reajuste de precios se hace necesario ya que la Nación no puede seguir solventando el creciente déficit del Fondo, menos en una situación fiscal cada día más complicada, no sólo por la descolgada de la economía sino por cuenta de que las prioridades de gasto del actual gobierno son otras. Incluso, se hace énfasis en que el costo de estos subsidios ya ha ‘mordido’ una parte importante de los ingresos a las arcas estatales derivados de la reforma tributaria aprobada el año pasado por el Congreso.
Visto todo lo anterior, lo que se espera es que desde el Ejecutivo se aceleren estas mesas técnicas con todos los actores del sector del transporte carga y pasajeros. Es evidente que se requiere una gradualidad en el cronograma de alzas para evitar un coletazo inflacionario drástico que golpee aún más los bolsillos de las familias y al sector productivo en general. No hay que olvidar que en Colombia el 97% de las mercancías se moviliza por carretera y se transportan más de 101 millones de pasajeros anualmente. La mayoría de estos vehículos se mueve con ACPM.
Es urgente, en consecuencia, que se proceda a aterrizar ese consenso en cuanto al diésel. De lo contrario, la disminución de los números rojos del Fondo que se logró en el último año, por el aumento periódico en la gasolina, se podría difuminar rápidamente. No es un tema fácil y es claro que, además de rigor técnico en la nueva fórmula y análisis realista de las consecuencias en materia de costo de vida e impacto en el sector productivo, requerirá un alto grado de voluntad, realismo y ponderación política gubernamental.