• Entre la ortodoxia y la anormalidad por la pandemia
• De 5% a 6% cumpliría parámetros de realismo y equidad

El Gobierno se dispone a fijar por decreto el salario mínimo para el año entrante, ante la imposibilidad de la comisión de concertación para llegar a un acuerdo. Las diferencias eran abismales: mientras el sector de los trabajadores reclamaba un ajuste cercano al 14% los empresarios ofrecieron un 2% primero y luego, como última concesión, un 2,7%.

El argumento tradicional para no reajustar el salario mínimo por encima de la inflación obedece a dos razones, ninguna de las cuales parece tener validez en este año atípico.

La primera es que un salario mínimo por encima de la inflación genera desempleo. Sin embargo, esta argumentación tiene validez para periodos normales. Y el 2020 -el año trágico de la pandemia- ciertamente no podemos catalogarlo como un periodo normal. Los ingresos de los hogares están gravemente afectados. La gente ha tenido que echar mano de sus pocos ahorros o endeudarse para subsistir. El desempleo está muy alto, principalmente porque la economía ha estado funcionando a media máquina. Muchos meses marcados por amplios periodos de cierre por los confinamientos prolongados que, ahora, con los rebrotes del covid-19, se están repitiendo.

A ello se suma que la demanda agregada de la economía está postrada. Hay que revitalizarla. Una manera de hacerlo, así sea parcialmente, es decretando un aumento del salario mínimo por encima de la inflación con que va a cerrar el 2020. Un indicador que será, por otro lado, extremadamente bajo por las circunstancias especiales que ha impuesto la pandemia en el año que concluye. Estará, inclusive, por debajo de la meta señalada por el Banco de la República.

La segunda razón que usualmente se esgrime para mantener muy bajo el ajuste del salario mínimo obedece a razones jurídicas. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho que estos ajustes no pueden estar por debajo de la inflación causada en el año inmediatamente anterior. Esta jurisprudencia se dictó en momentos en los que se esperaba una inflación decreciente: la del año en que se fijaba el salario mínimo se suponía debía ser inferior a la causada en el año anterior de referencia. Ese escenario no es el que estamos viviendo actualmente. El año 2020 va a cerrar con una inflación extremamente baja, que no necesariamente tiene que ser la camisa de hierro para determinar el salario mínimo del año entrante.

Colombia vive circunstancias especiales. En esta semana salieron las últimas cifras de pobreza divulgadas por el DANE, que dan cuenta de una agravación inusitada del problema de falta de ingresos de la población. Según estas últimas estadísticas, ciudades como Neiva o Cúcuta han sobrepasado niveles de pobreza del 60%, y el país en su conjunto enfrenta índices de pobreza monetaria cercanos al 50%. La mitad de la población nacional se debate angustiada entre las cadenas de la pobreza. Todo el territorio se ha pauperizado durante la pandemia. No es, entonces, con un ajuste insignificante del salario mínimo como vamos a darle una respuesta lúcida a este grave problema.

El empleo, por supuesto, hay que protegerlo. El que queda y el que hay necesidad imperiosa de crear en el corto lapso. Pero esa gran tarea de reencontrar índices de un dígito otra vez en el mercado laboral colombiano no la vamos a lograr comprimiendo despiadadamente el sueldo básico. Requiere que la máquina económica vuelva a ponerse en marcha. Requiere una reforma laboral inteligente y audaz que reduzca los costos de generar nuevo empleo. Requiere un agresivo plan de inversiones, públicas y privadas, sobre todo en el área de la infraestructura. Requiere cambios legislativos imaginativos que, en vez de inducir que se trabaje menos (como sucede con la propuesta de reducir la jornada laboral), promueva fórmulas inteligentes de trabajo más flexibles, como sería permitir el empleo por horas con el pago correspondiente, desde luego, de prestaciones sociales.

Por todas estas razones -y otras muchas que se quedan en el tintero- consideramos que un ajuste del salario mínimo para el año entrante entre el 5% y el 6% estaría dentro de los parámetros del realismo y de la equidad.