* Todo debe estar ya a punto para febrero

* No hay lugar a excusas ni fallas oficiales

La cuenta regresiva para la fase más crítica del Fenómeno del Niño se agota. De hecho, esta semana se activó un “comité de crisis” nacional y todo el sistema de prevención y atención de emergencias y desastres se encuentra en situación de alerta máxima, sobre todo de cara a febrero, el mes en donde los pronósticos señalan que se registrarán los efectos más fuertes de la contingencia climática.

La situación en algunos departamentos y municipios, sobre todo de la región norte, ya es alarmante. Las sofocantes temperaturas están rompiendo récords y el promedio de lluvias ha disminuido en un volumen sin precedentes. A ello se suma que hay regiones en donde el nivel de los ríos que surten acueductos locales ha bajado de forma sustancial, afectando ya la prestación del servicio. El fantasma de un déficit hídrico sigue asomando, aunque afortunadamente el nivel promedio de los embalses en estos momentos es bueno.

Otra de las grandes preocupaciones en todo el país se refiere a los incendios forestales. Ya el Ministerio de Ambiente advirtió que hay 747 municipios con riesgo de conflagraciones, especialmente porque el sol canicular de las últimas semanas ha secado de forma extrema la parte superior de los suelos y la capa vegetal.

En otras regiones el efecto del Niño es diferente: aumenta de forma drástica los promedios históricos de lluvias, lo que incrementa los riesgos de inundaciones, deslaves y derrumbes de tierra. Esta es una circunstancia que se está registrando sobre todo en zona del Pacífico.

A todo lo anterior debe sumarse que ya los gremios del campo advierten que el ciclo de cosechas se empieza a resentir por las altas temperaturas. Si bien todavía no se refleja en la oferta y precio de los alimentos, es muy posible que en las próximas semanas sí comience a verse un coletazo inflacionario por esta circunstancia.

Aunque el Gobierno nacional, bajo la coordinación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ha señalado que están dispuestos más de dos billones de pesos para hacer frente a esta emergencia climática, varios gobernadores y alcaldes han señalado que los recursos no están siendo girados con la suficiente diligencia. Es más, algunos mandatarios regionales y locales advirtieron que ante esa situación no descartan declarar la “calamidad pública”, esto con el fin de hacer movimientos presupuestales y contrataciones directas y de urgencia para asistir a las poblaciones afectadas. Como se sabe, esta clase de figuras político-administrativas siempre prende alarmas tempranas por el riesgo implícito de corrupción y malgasto de dineros públicos.

Otro flanco que preocupa es el referido al impacto que pueda tener esta contingencia climática en las tarifas de los servicios públicos. De hecho, hay alertas de las empresas generadoras y distribuidoras de energía al respecto. Alertas que se dan en medio de un escenario muy complicado por los cortocircuitos administrativos y normativos que se han presentado en el sector, sobre todo por decisiones gubernamentales relacionadas con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Visto todo lo anterior, se entiende por qué se advierte en múltiples instancias del país que la llegada de la fase más crítica del Fenómeno del Niño, que ya generó emergencias graves en Perú y Ecuador, constituye un reto de alto calado para los gobiernos Nacional, departamentales y municipales. Las propias Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) han llamado a que se acelere la coordinación entre esas esferas, la mencionada Unidad y el “comité de crisis”, en donde tienen asiento varios ministerios.

Si bien es cierto que nos encontramos ante un fenómeno natural, cuyas consecuencias se tornan más lesivas por el cambio climático, es claro que se trata de una circunstancia advertida desde mediados del año pasado. Es decir, que hubo el tiempo suficiente para preparar los respectivos planes de contingencia, afinar el funcionamiento y equipamiento de los cuerpos de bomberos, rescate y demás instancias del sistema nacional de prevención y atención de emergencias. No hay lugar, pues, a excusas de última hora ni a desgastantes cruces de acusaciones entre los despachos si algo llega a salir mal. Y menos aún en 176 municipios considerados en alto riesgo y, por lo tanto, priorizados.

Es claro que luego de los varios ‘descaches’ en meses recientes que dejaron en evidencia fallas garrafales del Ejecutivo en la planificación de acciones oficiales en distintos flancos, existe preocupación sobre su capacidad y eficacia para enfrentar un fenómeno climático que, al tenor de los expertos, no dará tregua alguna en este primer trimestre.