El  término “marco para la paz” no implica, necesariamente, la utopía de entender  que mediante la vía jurídica se consigue como por encanto la paz. La paz no  pende en exclusiva de las leyes que consagra el Congreso con esa finalidad. Y si la paz se puede conseguir por esa vía, cómo es posible que no haya prosperado hace tiempo. Lo cierto es que el asunto amerita indagarlo desde diversos puntos de vista, la violencia no habría prosperado en Colombia si hubiésemos consagrado un Estado fortalecido y alcanzado un grado superior de desarrollo y avance civilizado en la periferia del país, lo que está ligado a procesos de legalidad. La violencia no es solamente producto de la guerra fría, de la exportación de la revolución por cuenta del comandante Fidel Castro, que entrenaba y apoyaba a los milicianos colombianos en la guerra de guerrillas, cuando había terminado ya la confrontación armada partidista en Colombia por los acuerdos que pactan el Frente Nacional. Los alzados en armas, posteriormente,  como en el caso de Tirofijo, se suman a la acción violenta que desde La Habana orientan Fidel Castro y el Che Guevara. Es el encuentro de dos violencias, la una local y la otra internacional, producto de la guerra fría. Y viene una tercera la de la confluencia de intereses entre la revolución y las ganancias por el negocio de los cultivos de coca.

Si observamos el mapa de la violencia encontramos que se da en zonas en las cuales los antiguos indígenas, pobladores y colonos fueron expulsados, maltratados, secuestrados, convertidos en virtuales prisioneros y agentes  por convicción o  por la fuerza de los grupos armados. Nuestros labriegos humildes  no pudieron escoger entre la paz o la sedición, sencillamente, quedan atrapados en un destino cruel en medio del conflicto, en cuanto el Estado sin carreteras, ni dominio de los ríos, no conseguía imponer la ley y el orden en todo el territorio nacional, lo mismo que en el Catatumbo. Y resulta que la violencia desplaza a los campesinos a las ciudades, un éxodo terrible que se repite por décadas y que desgarra el alma nacional. En tanto que de las ciudades salen los jóvenes a la periferia del país en busca de oportunidades de hacer fortuna fácil como raspachines, como elementos ligados a la mafia o la violencia. Y en medio de este fenómeno surgen guetos sin Dios ni ley  en campos y ciudades, donde la Constitución es inoperante, con barrios como el de Agua Blanca en Cali, donde niños de 13 años disparan con la misma puntería de los pistoleros del lejano Oeste. Dos factores son esenciales, entre otros muchos, para descifrar ese proceso de degradación progresiva del orden en Colombia. Los incendiarios y francotiradores del 9 de abril en el siglo XX, no fueron capturados, ni juzgados. El Partido Liberal puso esa condición para ingresar al Gobierno y  colaborar en la reconstrucción del país. Según el maestro Echandía, que ocupó la cartera de Gobierno, Bogotá había quedado arrasada a tal punto que las imágenes eran peores que las de algunos bombardeos en ciudades europeas durante la II Guerra Mundial que él había visitado.

Las víctimas, en algunos casos, van a hacer  justicia por sí mismas, lo que engendra una aciaga etapa de violencia espontánea, defensiva o de origen exógeno en campos y veredas, muy superior a la que generan las contradicciones partidistas ideológicas. Posteriormente, a cada insurrección armada se sucede un perdón, una amnistía, un denominado acuerdo de paz, que en ocasiones es de impunidad y nada más. El Estado pierde influjo, con las instituciones estatales en fuga en los campos, el ataque de la subversión se concentra en demoler las sucursales de la Caja Agraria, dinamitar las estaciones policiales, los puentes y minar extensas zonas. Resulta que esa acción depredadora se concentra en las zonas más ricas del país, donde se encuentra el petróleo, el gas y una riqueza minera incuantificable. Ese ha sido un factor de atraso invencible. Recuperar esas zonas  es vital para el futuro de Colombia. En tal sentido es esencial el Marco de Paz que defiende el presidente Juan Manuel Santos. El acuerdo en derecho facilita aplicar la justicia transaccional, esencial en cualquier acuerdo de paz negociada, puesto que como lo recalca el gobernante: “Hoy estamos ente una posibilidad, la mayor de nuestra historia, de poner fin al conflicto armado interno” Y por eso, explica, después de consagrada la Ley de Víctimas, se requiere “un marco jurídico”. Y, agrega, “no es lo mismo hacer la paz en 1990 que en 2013”· Se trata de terminar el conflicto, y, a la vez, garantizar los derechos de las víctimas. Y, en seguida, califica la Ley como el “acto constitucional más importante de la década” Lo que justifica que él mismo haya acudido a defender sus postulados al recinto de la Corte Constitucional. Se trata de contribuir  para que se den  las condiciones para  avanzar a un contrato por la convivencia nacional.