El escándalo alrededor de la compra de los carrotanques para repartir agua a las poblaciones más aisladas en La Guajira terminó convertido en toda una ‘torre de babel’ en donde todos los días sale una versión distinta en torno a cómo se desarrolló el sospechoso proceso de adquisición de los vehículos y su aún más accidentada puesta en servicio.

Sin duda alguna este caso va rumbo a convertirse en uno de los entramados más graves de presunta corrupción y desgreño administrativo en lo que va corrido de este Gobierno.

La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, otros altos funcionarios gubernamentales, autoridades seccionales y locales en ese departamento, contratistas, empresarios, veedores, dirigentes políticos y vocerías ciudadanas… En fin, casi todos los sectores de La Guajira y del Ejecutivo han terciado en la implementación de este proceso de llevar agua a las poblaciones más desabastecidas del líquido vital se han pronunciado. Sin embargo, versión tras versión, descargo tras descargo, réplica tras réplica, nada que se aclara de quién es la responsabilidad en los posibles sobrecostos en la compra de los vehículos, como tampoco en la demora en su puesta en el servicio. Incluso, ahora circulan fotos e informaciones en torno a que ya algunos quedaron varados en los caminos desérticos de la región porque no fueron acondicionados para esta clase de terrenos y altas temperaturas. A ello se suma, que hay múltiples versiones de politiquería, intervención de congresistas y dirigentes locales, así como de conflictos de intereses y otras anomalías graves que tendrían en peligro más de 50.000 millones de pesos.

Es más, ahora se habla de un segundo contrato para más carrotanques, en tanto que en la referida Unidad se cruzan acusaciones al interior de la entidad y con la instancia de gerencia del plan de intervención que la Casa de Nariño había designado.

Visto todo ello, es imperativo que la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía aceleren las pesquisas con el fin de establecer las responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales a que haya lugar. De igual manera, es urgente que desde la propia Presidencia de la República y los ministerios se empiecen a tomar medidas ejemplarizantes frente a este hecho vergonzante, más porque cuando el Gobierno se trasladó a La Guajira para activar una estrategia de choque, lo primero que prometió era que sería eficaz y, sobre todo, transparente. Hasta ahora, parece que se va en la dirección contraria.