El paro que desde el jueves pasado viene realizando la mayoría de los profesores del sector público en el país,  que se calculan por encima de 350 mil, tendrá su punto culminante en la marcha que tienen programada para hoy a nivel nacional, salvo que las intensas lluvias obliguen a reprogramar las manifestaciones. 

Tanto el Gobierno como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) han cruzado en las últimas semanas multiplicidad de argumentos respecto a si se justifica o no la parálisis de actividades que, desde el jueves pasado, tiene a  más de ocho millones de estudiantes de instituciones de primaria y secundaria oficiales sin clases. Como siempre ocurre cada una de las partes dice tener la razón y llama a la contraria a que demuestre voluntad de diálogo y proactividad. 

Según el sindicato de los profesores públicos la protesta es procedente porque el Ejecutivo no ha cumplido de manera eficiente los compromisos que asumió en 2014 y, sobre todo, en 2015, precisamente para levantar otra jornada de paros. Sostiene Fecode que esta realidad se evidencia en lo que ha venido ocurriendo con la atención en salud a los docentes y sus familias, una problemática que no es nueva pero frente a la cual las medidas adoptadas por varios ministerios y otras entidades no han dado  mayor solución. Incluso, en la última semana se calificó como crítica esta situación, advirtiendo que el proceso de licitación que se venía adelantando para escoger a los nuevos operadores del sistema, por parte de la Fiduprevisora, fue suspendido ante una solicitud de la Procuraduría y todavía no había fecha para el inicio del nuevo contrato. De igual manera, los voceros del Magisterio urgen otras reformas en materia de régimen salarial prestacional, de carrera y otros aspectos, pero advierten que el Gobierno si bien los escucha en las mesas de negociación que venían desarrollándose, siempre les responde negativamente recalcando que “no hay plata” para implementarlas. 

En la otra orilla está el Ejecutivo, que ha insistido en que si bien es cierto que hay problemáticas en el sector público de la educación no se justifica la protesta actual, más aún porque buena parte de los compromisos que se asumieron en 2014 y 2015 se han venido cumpliendo gradualmente. Prueba de ello, sostiene el Ministerio de Educación, es que de los doce puntos de nivelación salarial adicional pactados, ya se han aplicado la mitad y se espera que a 2019 se termine este proceso, que ha implicado un esfuerzo  presupuestal sustancial. Así mismo, el Gobierno afirma que, sin poner en peligro la ajustada situación fiscal estatal, ya se había llegado en la negociación con el sindicato de maestros a once acuerdos parciales relacionados con educación preescolar, garantías sindicales, reactivación de las juntas de educación y la reanudación de los ascensos, que estaban congelados desde hace muchos años. Por último el propio Presidente de la República señaló que la educación es hoy por hoy el sector que más recibe recursos oficiales, incluso por encima del rubro de defensa.

Lo cierto es que en ese contrapunteo los que salen perdiendo son más de ocho millones de estudiantes, sus familias, pero también los propios docentes y el Gobierno, ya que esta clase de paros en modo alguno contribuye a seguir mejorando  los índices de calidad y cobertura que tanto se destacaron la semana pasada en el marco de la celebración del llamado “Día de la Excelencia Educativa”. Logros y avances que, dicho sea de paso, algunos expertos insisten en que todavía son insuficientes en materia de mejora efectiva de la calidad de la educación en nuestro país, como queda en evidencia en el rezago que los estudiantes colombianos todavía presentan en las pruebas internacionales estandarizadas que se realizan anualmente sobre competencias de los alumnos en materias como matemáticas, ciencias y comprensión de lectura, principalmente.

Visto todo lo anterior parecería evidente que las posturas de Gobierno y sindicato en torno al actual paro no han variado sustancialmente frente a las protestas anteriores, sobre todo en lo relacionado con salarios, régimen de carrera, cualificación del profesorado y sistema de salud.  Pero más allá de cómo termine de solucionarse este nuevo pico de tensión, lo cierto es que mientras no se logre un acuerdo equilibrado, viable fiscalmente pero a la vez justo con la esforzada labor de los docentes del sector público, difícilmente se podrá cumplir la ya complicada meta gubernamental de que Colombia sea el país más educado de la región en el 2025.