* Un corte de cuentas al nuevo sistema
* Todos los ojos encima del presupuesto
En medio de la grave estrechez que atraviesan los fiscos departamentales y municipales por el impacto de la pandemia, no solo por la mayor destinación de recursos a atender la crisis sanitaria, social y económica, sino por la caída de los ingresos por concepto de impuestos y otros derivados de la dinámica productiva, la mayoría de las gobernaciones y alcaldías tienen en el billonario presupuesto de las regalías su única tabla de salvación.
Sin embargo, es evidente que se encienden las alarmas cada vez que se habla de los recursos que son girados a las regiones a modo de compensación por la explotación de los recursos naturales no renovables. Son cuantiosos los presupuestos de las regalías que se han perdido en las últimas décadas por cuenta de la corrupción, el desgreño administrativo, el incumplimiento contractual y los llamados ‘elefantes blancos’, como suele decirse a las obras y proyectos que se financiaron pese a no ser necesarias, resultaron abandonadas al poco tiempo de entrar en servicio o simplemente nunca se terminaron…
El año pasado entró a regir la última reforma al Sistema Nacional de Regalías. Un ajuste que desde su trámite en el Congreso generó mucha prevención en distintos sectores del país debido a que si bien avanzaba en la dirección de agilizar la aprobación de proyectos a financiar con estos billonarios presupuestos, también otorgaba una mayor autonomía a las gobernaciones y alcaldías para decidir en qué obras se debían invertir.
No fueron pocas las voces que se escucharon advirtiendo que una flexibilización del Sistema a poco tiempo de la campaña electoral podría ser inconveniente por el riesgo de corrupción y politiquería, a lo que el Gobierno respondió que se estaban creando de forma paralela nuevos sistemas de vigilancia en tiempo real, especialmente a través del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control así como del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías y el Aplicativo Auditores Ciudadanos. A ello se sumaba, que los entes de control tendrían en adelante una mayor interacción con las instancias antedichas, al tiempo que conservaban e incluso se fortalecían en sus facultades de inspección para detectar de forma tempranera -y por lo tanto subsanable- los casos de robo o malgasto de recursos. De hecho, se señaló en su momento que la agilización en la inversión de estos dineros de las regalías sería clave para impulsar la reactivación económica y social en medio del fuerte coletazo de la pandemia a nivel departamental y municipal.
¿Qué ha pasado desde entonces? Las cumbres periódicas de gobernadores y alcaldes han ponderado las ventajas de la reforma pero urgido que se ajusten algunos elementos adicionales para agilizar aún más la aprobación de proyectos y su puesta en marcha. Entidades como la Contraloría han profundizado sus acciones en la vigilancia de los presupuestos, al tiempo que activó un mecanismo que le permite identificar los ‘elefantes blancos’ y gestionar con las respectivas jurisdicciones territoriales y otras instancias los planes para corregir las demoras y asegurar el cumplimiento de lo contratado.
En entrevista para nuestra edición dominical, la subdirectora general territorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de quien depende la Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional, Vigilancia de las Regalías, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Sistema General de Regalías, hizo un balance muy pormenorizado de cómo se están manejando estos recursos desde el nuevo mecanismo de control y distribución. Las cifras son positivas en cuanto al visto bueno y arranque de proyectos de educación, salud, infraestructura, alimentación y de ciencia, comunidades y medio ambiente. Por ejemplo, desde agosto del año pasado a la fecha se han realizado 8.104 revisiones a proyectos y 6.111 mesas técnicas. Otro dato clave: de enero a 15 de julio del presente año se han aprobado 850 proyectos por $5,3 billones bajo las reglas de la nueva Ley de Regalías. También se han reducido de forma sustancial los tiempos de estudio, viabilidad técnica y presupuestal de proyectos…
Es claro que no se puede bajar la guardia en ningún flanco. Que tanto Planeación Nacional como la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y demás instancias de control interno, veeduría e interventoría públicas, ciudadanas y privadas tienen que aumentar su interacción. Entre más ojos estén encima de la asignación de estos cuantiosos recursos (en tres años del gobierno Duque se han invertido 25 billones de pesos provenientes de las regalías), el objetivo final de favorecer el desarrollo regional y local se cumplirá de mejor forma, más aún en momentos en que el impacto de la pandemia tiene a gobernaciones y alcaldías sin mayor margen de acción para la inversión social con recursos propios.