* ¿Decretar Estado de Emergencia preventivo?
* Autoridades afirman que lo peor está por venir

La  dimensión de la ola invernal tiene en estado de alerta a más de medio país. La segunda temporada de lluvias ha causado un centenar de muertes, ocho personas desaparecidas, decenas de heridas y el número de personas damnificadas ya se acerca a las 330 mil. Las pérdidas materiales y daños a infraestructura urbana, viviendas, puentes, vías y otras obras todavía no han sido cuantificadas pero es claro que se trata de cifras millonarias. Si se revisa el mapa de riesgo por la inclemencia climática más de una cuarta parte de los municipios del país ha sido afectada y la situación es más complicada en siete de los 32 departamentos, que han registrado ya declaratorias de alerta roja. Antioquia, Chocó, Caldas, Tolima, Quindío, Valle y Nariño son los que más preocupan, al igual que Cundinamarca, los Santanderes, Cesar y Atlántico. Las márgenes ribereñas de ríos como el Magdalena, Cauca, Bogotá y Atrato tienen a miles de personas ante el riesgo inminente de inundación, si es que ya no han sufrido anegaciones de amplias áreas cultivadas y zonas bajas de caseríos y cascos urbanos. Las emergencias por deslizamientos, inundaciones, avalanchas y tormentas eléctricas ya se acercan a las 500
Semejante panorama ha llevado a que las autoridades de socorro y emergencia consideren que esta temporada invernal será más grave que la registrada un año atrás, que como se recuerda dejó alrededor de 400 víctimas mortales y más de tres millones de damnificados, así como pérdidas que se calculan superaron los diez billones de pesos. Las propias autoridades meteorológicas advierten que lo peor está por venir y que tanto en diciembre como enero aumentará el volumen de lluvias, al tiempo que empezarán a sentirse con mayor rigor los efectos del fenómeno climático de “La Niña”, que aún está en proceso de formación.

Aunque el Gobierno, a través de Colombia Humanitaria, sostiene que está en marcha el 94 por ciento de las obras para atender a los damnificados por la pasada ola invernal, así como los proyectos de contingencia para disminuir el nivel de afectación durante la actual, lo cierto es que el panorama en muchos municipios y regiones es cada día más desolador. Incluso, se han escuchado quejas de la población en torno de que algunas administraciones departamentales y municipales han disminuido el ritmo de ejecución y reacción a las emergencias, debido al proceso de empalme entre gobernadores y alcaldes salientes y entrantes. También se habla de problemas presupuestales y choques entre las prioridades de quienes entregan el poder y los que se posesionarán el 1 de enero próximo. Igual se rumora que muchos mandatarios han demorado los procesos de contratación de obras para blindarse lo más posible en materia de transparencia y evitarse investigaciones ahora que terminan sus períodos.

Ante un escenario tan preocupante, ya hay algunas voces que sugieren al Gobierno que analice la posibilidad de decretar un Estado de Emergencia, que le permita actuar con mayor agilidad y capacidad de reacción, disminuyendo así el nivel de riesgo en muchas zonas en donde la inminencia de tragedias aumenta con el pasar de los días. Es cierto que en el marco de la reforma al Estado el Gobierno ordenó crear la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, sin embargo, la magnitud de la emergencia invernal no da tiempo para que esta nueva entidad se encargue ya de todo el operativo de respuesta a la coyuntura climática.
Es visible que la crisis invernal se va a agravar en las próximas semanas y que lo mejor es ir pensando en mecanismos que le permitan al Gobierno, en todos sus niveles, responder con más eficiencia ante un riesgo creciente e imprevisible en cuanto a su medida de afectación. Pensar en una declaratoria de un Estado de Emergencia no resulta desde ningún punto de vista apresurado ni gratuitamente alarmista. Todo lo contrario, es elevar el nivel de prevención para salvaguardar la mayor cantidad de vidas y bienes ante los embates de la naturaleza. La propuesta, en consecuencia, debería analizarse con objetividad y dejando de lado el exceso de confianza.