Sin lugar a dudas uno de los elementos que ha permitido avanzar de manera sustancial en muchos procesos judiciales así como en la captura de los responsables de muchos crímenes, ha sido la política de ofrecimiento de recompensas a quien dé información sobre determinados hechos ilícitos o por datos sobre la identidad y el paradero de sus autores. Sería interminable enumerar en cuántos casos este tipo de reconocimiento monetario ha permitido a las autoridades desde prevenir actos de violencia y terrorismo, hasta dar con la ubicación de delincuentes de la más distinta índole. Es más, en no pocos manuales sobre cómo acabar con grandes estructuras criminales se recomienda que se amplifique el plan de recompensas como una fórmula no sólo de incentivar la delación sobre los nombres y escondites de los cabecillas, sino para fisurar las cadenas de complicidad y fidelidad que caracterizan a estas facciones, en donde impera la ‘ley del silencio’. No es, por tanto, ninguna sorpresa que los grandes golpes a los carteles del narcotráfico, la guerrilla, redes de corrupción y señalados criminales o sospechosos de actos de extrema barbarie o impacto público, han sido neutralizados gracias a que quienes conocen de su paradero deciden delatarlos y ganarse las millonarias sumas que ofrecen las autoridades.
Sin embargo, así como se puede ponderar la efectividad del plan de recompensas también debe señalarse un flanco preocupante que cada vez más se pone en evidencia.
Esos peros van desde los más obvios a los más complejos. Dentro de los primeros se encuentra el hecho mismo de que tenga que incentivarse a las personas para que brinden a las autoridades información que, por norma natural en una sociedad, debería ser suministrada por simple deber ciudadano y no esperando algo a cambio.
También se ha detectado que en algunos casos los que entregan la información sobre determinado criminal o acto ilícito, son personas que hacen parte de su misma estructura delictiva y sólo quieren desde eliminar la ‘competencia’ para ascender dentro de la facción ilegal o hacerse a un dinero para poder huir del país y evitar pagar por sus múltiples crímenes. Hasta se han denunciado casos en donde los mismos cabecillas pactan una estrategia de delación consecutiva con el único fin de acceder a beneficios y rebajas penales… Y qué decir de aquellos casos en donde la falta de recursos o la ambición desmedida llevan a las personas a planificar la perpetración de un ilícito, denunciarlo y luego, por interpuesta persona, cobrar el incentivo económico por entregar información que permita esclarecer lo sucedido.
Pero también hay otro tipo de desviaciones que preocupan dentro del plan de recompensas. Por ejemplo, está creciendo en la opinión pública la percepción de que si las autoridades no ofrecen pago por información tras un ilícito, entonces ello ya significa, por sí solo, que no hay interés por solucionar el hecho y castigar a los culpables. Y, peor aún, se ha llegado al extremo de comparar el monto de dineros que se ofrecen, según la clase social de las víctimas, el grado de afectación de las mismas o incluso el impacto mediático del suceso o si éste se convierte en tendencia predominante dentro de las redes sociales. Bien lo advertían días atrás algunos expertos sobre investigación criminal: hoy los allegados a los afectados por un delito prefieren llamar antes a la prensa que a la misma Policía o Fiscalía, bajo la tesis de que si hay eco al hecho, entonces la posibilidad de justicia será mayor.
Es hora de que se entre a analizar a fondo lo que está pasando con este tema de las recompensas. No puede ser que una política que se consideraba complementaria y excepcional, ahora se esté convirtiendo, en la apreciación ciudadana, en un elemento primordial y obligatorio en todo el proceso para castigar a los delincuentes.