- Dos yerros muy lesivos para la institucionalidad
- Legitimidad, capacidad y credibilidad en riesgo
La supremacía de un Estado se sustenta en tres premisas básicas. En primer lugar, obviamente, está la legitimidad, que tiene su génesis en que la población acepta la autoridad institucional por cuanto proviene de la voluntad de las mayorías democráticamente expresada y reiterada. En segundo término, en que dicho Estado tenga la capacidad para hacer cumplir la Constitución y las leyes que sustentan el andamiaje de los tres poderes públicos, sobre todo en cuanto a los derechos y deberes de sus gobernados. Y, por último, está el elemento de la credibilidad, que se deriva principalmente en el alto o bajo nivel de confianza de la ciudadanía en la eficiencia de quienes ejercen las funciones públicas para cumplir con la labor que les fue encomendada.
Si se analiza lo que ha ocurrido en los últimos días se puede concluir que la credibilidad del Estado en Colombia está gravemente afectada, generando un peligroso desgaste a la institucionalidad, ya de por sí impactada por el creciente rebrote de la violencia regional, la seguidilla de escándalos de corrupción, las denuncias de anomalías electorales, los altibajos económicos y la conflictividad social.
Es evidente que los yerros hay que pagarlos. El craso e insólito error cometido con algunas fotos incluidas en el informe que el Presidente de la República presentó nada menos que ante el pleno de Naciones Unidas la semana pasada para probar la complicidad de la dictadura venezolana con las disidencias de las Farc y la guerrilla del Eln, le terminó costando la salida al Jefe del Comando Conjunto de Inteligencia de las Fuerzas Militares, general Oswaldo Peña Bermeo. La igualmente insólita y cantinflesca fuga de la condenada exsenadora Aida Merlano llevó a que el Gobierno decidiera ayer remover al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general William Ernesto Ruiz, así como a la directora de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, Diana Muñoz.
Es claro que estos tres funcionarios salen de sus cargos por cuanto les corresponde asumir la responsabilidad política e institucional de dos yerros que han afectado la credibilidad estatal de manera grave, tanto a nivel nacional como internacional. La forma en que la prensa local y extranjera ha reportado la absurda equivocación en las fotos incluidas en el dossier venezolano así como la insólita evasión de la excongresista dejan a las autoridades colombianas en una posición vergonzante. Es imposible ocultar esa percepción. Como también lo es negar que el desgaste producido a la institucionalidad por estos dos hechos no se va a revertir en poco tiempo. Salvo, claro está, que pueda encontrarse una nueva evidencia más contundente e incontrovertible sobre la connivencia entre el régimen de Maduro y los grupos terroristas colombianos, o que la exparlamentaria, que era hasta el momento la más alta servidora pública condenada por corrupción electoral, sea recapturada y sometida a las más drásticas condiciones penitenciarias.
Como ya se dijo, la institucionalidad estatal se encuentra en uno de sus peores momentos. La racha de asesinatos de líderes sociales no se detiene pese a los múltiples planes de choque; los atentados y homicidios de candidatos a los comicios del próximo 27 de octubre aumentan; las disidencias de Farc, elenos y bandas criminales siguen ganándole el pulso a la Fuerza Pública en muchas regiones; excabecillas desmovilizados volvieron a las armas, incluso después de ser excarcelados, como en el caso ‘Santrich’; los procesos en la justicia transicional por los delitos cometidos en medio del conflicto avanzan a paso de tortuga y nada que a las víctimas les llega el tiempo para la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición; los procesos penales, disciplinarios y fiscales en emblemáticos casos de corrupción, desfalcos y desgreño administrativo se encuentran estancados, mientras sus principales sindicados quedan libres por vencimiento de términos o, incluso ya condenados, salen de prisión tras pagar un tiempo muy corto y sin haber resarcido el daño infringido al erario…
Todo ello crea un escenario caótico en donde el desgaste para el Estado no es solo muy grande, sino que afecta esas tres premisas básicas de las que se habló al inicio como sustento de su supremacía: legitimidad, capacidad institucional y credibilidad ciudadana. Es un asunto en extremo preocupante sobre el que muchas veces no se repara, ya que el foco nacional se pone sobre los temas puntuales y aislados, perdiendo la perspectiva de ver el conjunto completo del devenir nacional y los peligros que se ciernen sobre el mismo. Un asunto frente al cual deben tomarse medidas urgentes, audaces y de fondo, antes de que sea demasiado tarde.