Siguiendo el principio madre del pensamiento conservador es evidente que tiene toda la razón el exegeta del conservatismo inglés, Edmund Burke, cundo planea que: “un Estado en el que no se puede cambiar nada carece de medios para su conservación”. Es de anotar que en Colombia el conservatismo a lo largo de su existencia se ha esforzado por defender y hacer realidad los principios consagrados en los derechos civiles, mediante el esfuerzo de las generaciones sucesivas a favor de la libertad y de la fortaleza de las instituciones, con la finalidad de morigerar la tendencia a la anarquía de otras fuerzas políticas que tienden al desorden y la destrucción de las instituciones. En el siglo XIX  la lucha denodada del conservatismo se centra en defender la institución familiar tradicional,  la propiedad privada amenazada -de cuando en cuando- por los radicales revoltosos y los gobiernos demagógicos propensos a apelar a los empréstitos forzosos para arrumar a los conservadores. Los mismos que expropiaron con el general Tomás Cipriano de Mosquera los bienes de la Iglesia. La defensa de la propiedad, de los bienes de los colombianos, de la seguridad jurídica y personal está presente en la gesta conservadora de entonces y sigue siendo fundamento esencial del pensamiento conservador de la actualidad. La lucha conservadora adquiere destellos de grandeza cuando el partido es excluido del poder a partir de la Convención de Rionegro cuando se instala el federalismo anticlerical  en el poder y se intenta asfixiar la conciencia cristiana y el respeto natural  al orden de nuestro pueblo.

En el siglo XIX el conservatismo se inspira por instinto en los principios bolivarianos de orden hasta avanzar al bien común, que es la gran conquista que establecen Rafael Núñez y  Miguel Antonio Caro en la filosofía del Estado que rige la Constitución de 1886, en contra de los excesos del disolvente individualismo radical. El pensamiento nacionalista de estos políticos se nutrió tanto de las ideas bolivarianas como de los principios conservadores consagrados en la Constitución de 1843, al igual que asimila  las ideas de avanzada de las  encíclicas de Pío IX, Quanta Cura y el Syllabus. La nefasta experiencia disolvente de los gobiernos rionegrinos, que hacen retrogradar el país a las guerras fratricidas de las tribus primitivas, les hace comprender mejor la vigencia de la propuesta conservadora de orden y  cambio por la vía de las reformas pacíficas en el Congreso. Aspecto en el cual comulgan los liberales independientes o de orden, con los conservadores. Defender  la seguridad jurídica, la propiedad privada, la  justicia social y los derechos y deberes de los colombianos es un deber indeclinable de lo conservador.

El libertador Simón Bolívar entendía que en países como el nuestro, en donde la cultura política sigue en pañales, para que funcione la democracia -uno de los sistemas de gobierno más complejo y débil-, es preciso ante todo fortalecer las instituciones. Hegel decía que los hombres hacen historia cuando comprenden el sentido político de la sociedad en la que les corresponde vivir. La evolución de país agrícola que se rezaga industrialmente, hasta convertirnos en país minero, en el cual las exportaciones dependen del petróleo en un 70%, debe ser uno de los pilares de la política conservadora del siglo XXI, para que esos recursos se empleen con sabiduría y pericia. En la Constitución de 1991, Álvaro Gómez junto con el concurso de los conservadores, liberales e independientes de orden, consagra en la Constitución el Plan Nacional de Desarrollo.

La Constitución política de Colombia de 1991 en su artículo 339 del Título XII señala que: “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo”.

Hasta hoy nos hemos quedado en los enunciados y no hemos sido capaces de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo que contemple trasformar la periferia del país en donde impera la violencia endémica, en gran parte por la incomunicación y la falta de infraestructura. Capitanear ese proyecto de desarrollo agrícola y minero debe ser meta y obsesión del Partido Conservador, junto con las fuerzas de orden.