Si bien es cierto que el remate de este 2024 en materia de inflación ha sido positivo, al punto que se calcula que se cierre con un indicador levemente por encima del 5 %, el panorama para enero desde ya comienza a preocupar.
Por ejemplo, todo hace indicar que el reajuste en las tarifas de peaje será más alto que el costo de vida causado. Esto por cuenta de que al incremento normal habría que sumarle el porcentaje pendiente de alza por cuenta de la congelación de tarifas en 2023, que es de 4,64 %.
En ese orden de ideas, no se descarta que los peajes terminen subiendo más del 9 % en enero, impactando de manera sustancial la canasta de costos de los transportistas y, por efecto de traslado natural de valores al usuario final, el bolsillo de todos los colombianos.
Ya de por sí este año fue complicado tanto para el sector público, como para el particular. No solo se aplicaron dos alzas en los peajes, una del 13,12 % en enero y otra de 4,64 % (primer reajuste por la congelación de 2023) en agosto, sino que el valor de la gasolina siguió subiendo al comienzo de 2024 por cuenta del esquema de desmonte del subsidio a este combustible, en tanto que el diésel se terminó reajustando en $800 en septiembre.
Aunque la intención gubernamental era comenzar también a marchitar la subvención al valor del combustible más utilizado por el transporte de carga, el paro camionero de comienzos de septiembre se lo impidió.
Precisamente por ello, el déficit billonario del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha seguido creciendo, poniendo más contra la pared al Gobierno Nacional Central, que arrastra una crisis fiscal sin precedentes.
Cada vez queda más claro que optar por no subir las tarifas de peajes en 2023 fue un error. De hecho, la Contraloría advirtió esta semana que esa medida generó un impacto financiero significativo en los proyectos de concesión vial y en las finanzas públicas. Esto porque en dicho año se creó una obligación contractual de compensar a los concesionarios por valor de $610.000 millones y para el 2024 el desfase podría alcanzar los $440.000 millones. Este cuantioso monto, por el que debe responder la Nación, podría incrementarse “si próximamente no se realiza el ajuste pendiente del 4,64 % y si no se garantiza el ajuste oportuno correspondiente al 2024”.