Las gentes se preguntan sobre cuál es el papel que cumple en la actualidad el Partido Conservador en la disputa política por el poder. La Constitución de 1991, a la manera de la española de 1978 que aquí se calca al carbón en aspectos fundamentales, abrió las puertas al pluripartidismo y el neoliberalismo salvaje, sin abandonar del todo los preceptos de antaño. El modelo ideado por Rafael Núñez, de corte nacionalista, con el concepto de un Estado socialista cristiano moderado, con capacidad de intervenir en favor  del bien común, periclita. Y se abre paso la concepción  de izquierda a favorecer lo que denominan el Estado social de derecho. Término que junto con la existencia de unas Cortes infiltradas por elementos contestatarios, así como favorecida por un Congreso afín, dadas las circunstancias, la izquierda podría establecer un sistema socialista disolvente en Colombia, de la misma manera que otros sectores pueden aplicar medidas de corte neoliberal extremas, como desmantelar el Estado y feriar las empresas oficiales que aún son propiedad de la Nación y que dan pingües ganancias. Las contradicciones del texto constitucional dan para todo. En Europa la izquierda italiana desalojada de las asambleas y el Parlamento por Berlusconi, en diversas justas electorales, se refugia en la Universidad y desde allí concentra su capacidad de intriga y de presión para tomarse la magistratura y el poder judicial, desde donde lanzan sus baterías contra el magnate, al que finalmente consiguen de momento defenestrar.

Los firmes principios consagrados por Núñez, de defensa a ultranza de la propiedad, se cuestionan y debilitan. Ya en  1936 la reforma liberal de tinte moderado socialista había consignado que la propiedad cumple una función social. En 1991 los constituyentes van más lejos y se dejan llevar por la imitación simiesca de los postulados socialistas de la Constitución española, al consagrar el Estado social de derecho, que  facilita que en nombre de esa perniciosa doctrina la Corte Constitucional intervenga no ya para declarar la exequibilidad o inexequibilidad de la ley, sino para entrar a legislar, según la interpretación que éstos hagan en razón del Estado social de derecho. Medio que les ha permitido actuar por fuera de la Constitución, invocar atribuciones de las que carecen e intervenir en todos los ámbitos de la vida colombiana, incluso los privados. Lo mismo que reconvenir  al procurador Alejandro Ordóñez, para inhibirle o que asuma conductas que no corresponden o contradicen el mandato de la Constitución. Por eso,  respetables juristas sostienen que  no se debieran acatar esos desmanes jurídicos...

Frente a semejante estado de cosas la situación para el  Partido Conservador y para los elementos de orden del país se torna color de hormiga. Ya no impera en las Cortes el orden, por la vía de la interpretación subjetiva de la ley, según conveniencia de los magistrados, se toman decisiones sobre los colombianos según como ellos entiendan  el Estado social de derecho; pueden los magistrados salirse del libreto constitucional y convertirse en legisladores omnipotentes a capricho, puesto que en la práctica no existe instancia para tumbar los fallos de la Corte Constitucional. En lo referente a la propiedad, de los derechos adquiridos, se da un gran debate por  cuanto por decisiones de la magistratura al invocar el Estado social de derecho, desconocen derechos fundamentales, esenciales de la democracia, como puede ser el de los que habían obtenido su pensión en buena ley, cosa distinta para los que se valieron de argucias, falsedades o trampas para conseguir jugosos e indebidos fondos estatales. Por la misma vía y en nombre del Estado social de derecho, mañana pueden subvertir el orden legal y abolir la propiedad privada o parte de la misma, quizá  en los campos.

Desde ese punto de vista, de lo que significa la propiedad para los colombianos, el Partido conservador y las gentes de orden de todas las tendencias que respetan la democracia, deben defender la propiedad. Ese es el principio básico que distingue hoy a las sociedades de orden, de derecha o de izquierda, a favor o en contra de los sagrados preceptos occidentales de origen romano de defensa de la propiedad o de los socialistas que pretenden desconocerla o abolirla.  Los que han adquirido de manera honrada y legítima la propiedad, han levantado empresas urbanas o rurales, deben estar amparados para que sus derechos no les sean conculcados por nadie. La propiedad como la entiende el conservatismo es el resultado del esfuerzo, la previsión, el trabajo y la inteligencia creadora del individuo, en tanto se constituye en la base misma del Estado. La propiedad es fundamental para la seguridad de la familia, es  esencial para que el individuo en sociedad consiga el bienestar, así como para el progreso de las naciones. La civilización comienza cuando el hombre se estabiliza y se radica en un solar donde levanta su hogar. Ese sedentarismo le permite reflexionar, entender el medio, luchar para mejorar su hábitat y progresar.

En Colombia se viene atentando contra la propiedad, los legisladores presentan proyectos que la conculcan parcialmente o son partidarios de medidas que la cuestionan y debilitan. En los campos por la fuerza despojan a los propietarios. Lo conservador debe reaccionar y defender  la propiedad rural y urbana, proteger a los dueños de la tierra para que no los ahoguen con impuestos expropiatorios o que los despojen por la fuerza de sus bienes. En el caso de una expropiación por cuestiones de utilidad pública se debe respetar la ley, los procedimientos y pagar lo justo. Despojar el individuo de la propiedad que ha conseguido con el sudor de su frente, ha sido obsesión de la izquierda extrema y causa de  violencia en diversas naciones. Es preciso volver al concepto del humanismo cristiano que no se limita a defender la propiedad, sino que entiende que es deber del Estado favorecer la economía, el crecimiento y mejorar la calidad de vida de las personas para que se haga efectivo el derecho a tener una vivienda digna. ¿Qué noción de seguridad puede existir en un país en el cual en nombre del Estado social de derecho, se vulneran los derechos de los propietarios o de los trabajadores? Sin seguridad jurídica no puede darse la seguridad física y social, esenciales para consagrar el orden.