Lupa detallada al equilibrio de poderes

Cinco debates para ajustes y correcciones

EL  arranque el próximo martes de la discusión en cuarto debate del proyecto de reforma al llamado sistema institucional de equilibrio de poderes, permite hacer varias reflexiones sobre la que es, sin duda, una de las iniciativas más importantes de este primer tramo de la legislatura, después de la reforma tributaria.

En primer lugar, durante su trámite el Congreso ha dado muestras de madurez y responsabilidad política, pues pese a la acendrada costumbre parlamentaria de no discutir a fondo los actos legislativos en la primera de las dos vueltas que se requieren para convertirse en norma constitucional, en esta ocasión este proyecto ha sido sometido desde su radicación a una exhaustiva lupa por parte de representantes a la Cámara y senadores de todas las bancadas, dando lugar a discusiones de alta política, algunas de ellas con tal profundidad y criterio que las barreras partidistas han quedado por momentos relegadas. Y está bien que ello sea así porque tratándose de modificar aspectos institucionales tan sensibles y trascendentales como los relativos al equilibrio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de forma tal que se garantice su colaboración armónica sin menoscabo de la autonomía jurisdiccional de cada uno, las rivalidades políticas de menor calado deben dejarse de lado o reservarlas para otro tipo de escenarios o discusiones en el propio hemiciclo.

Un segundo aspecto a resaltar de los tres primeros debates al proyecto así como de la ponencia que se discutirá la próxima semana en la plenaria de la Cámara es el criterio casi unánime, con excepción del uribismo, en torno de la necesidad de acabar con la reelección, no sólo la presidencial sino a todo nivel, incluso en las tres ramas del poder público. Desde el mismo infausto momento en que una década atrás el Congreso abrió la posibilidad de que los jefes de Estado repitieran inmediatamente en el cargo, reiteramos desde estas páginas que se estaba cometiendo el mayor atentado contra el conjunto sistémico constitucional, legal y reglamentario, como finalmente se terminó evidenciando. De allí que no sea gratuito, en modo alguno, que este Gobierno haya erigido la propuesta de erradicar la reelección como la columna vertebral del proyecto de reforma al equilibrio de poderes. Es más, el hundimiento esta semana en la Comisión I del Senado de la iniciativa que abría la puerta a la reelección de los actuales alcaldes y gobernadores, confirma que las mayorías parlamentarias han tomado conciencia de lo lesivo y desinstitucionalizador de esta polémica figura, ajena por completo a nuestro devenir democrático, político e histórico.

Ahora bien, hay varios aspectos del articulado aprobado en el Senado y la Comisión I de la Cámara que deben ser ajustados. Eso está claro y le corresponde a la plenaria de esta última corporación introducir esas modificaciones al articulado. El llamado Tribunal de Aforados aún no termina de convencer, como tampoco la forma en que se plantea la elección de senadores por circunscripción departamental. Igual persisten dudas respecto al funcionamiento y transición hacia la llamada Sala de Gobierno Judicial y Junta Ejecutiva de Administración Judicial. También crecen los peros respecto del artículo que propone que las listas de candidatosserán cerradas y bloqueadas, o que en las mismas no podrán sucederse de manera consecutiva más de dos personas del mismo género. Los cambios en el sistema de elección de los titulares de los entes de control aún generan dudas en varios sectores, las mismas que deberán ser despejadas de forma clara y objetiva. Otros aspectos de la iniciativa tienen que ser revisados, ya sea para ajustes o precisiones necesarias, con el fin de evitar zonas grises o dejar campo a interpretaciones subjetivas de los mandatos constitucionales.

Por el momento, como se dijo, hay que resaltar que el análisis de un proyecto tan trascendental se haya realizado de manera tan dedicada y profunda. Es claro que el articulado es susceptible de mejorías y correcciones en los cinco debates que le restan. También que desde la Academia y otros sectores nacionales se requiere mayor dinamismo y vocería para contribuir a solidificar una reforma que está considerada como la más ambiciosa a la Carta del 91 desde que entró en vigencia. Es mucho lo que está en juego en el Congreso, pues no todos los días se habla de ajustar el sistema de equilibrio de poderes, que es sin duda un aspecto fundacional de la democracia colombiana. Por lo mismo hay que seguir paso a paso el camino de esta reforma.