La decisión del Vaticano de abrir un juicio penal contra su exnuncio en República Dominicana, Jozef Wesolowski, acusado de pedofilia, no sólo es el primer caso de abuso sexual en ser juzgado por la Iglesia, sino que pone en evidencia que la política de cero tolerancia a este tipo de delitos liderada por el Papa Francisco va en serio y hasta las últimas consecuencias.

Y esa postura queda más que ratificada porque, según el portavoz del Vaticano, fue el propio Pontífice quien exigió una decisión drástica en el caso Wesolowski, quien en junio pasado ya había sido desposeído de sus hábitos y se encuentra en arresto domiciliario.

Se trata, entonces, de una medida sin precedentes en la Iglesia. El Vaticano había convocado a Roma hace más de un año al cuestionado prelado tras ser acusado de abusos sexuales a menores y se dio inicio a un proceso interno que desembocó en que, hace tres meses, Wesolowski se convirtiera también en el primero en ser expulsado del sacerdocio por pedofilia. La decisión, que fue apelada por el señalado, de origen polaco, se refuerza ahora con el llamado a juicio penal, que bien le podría acarrear una condena no inferior a siete años de prisión.

Este caso y los que le sigan son la única forma en que la Iglesia puede tratar de limpiar su imagen luego de la racha de escándalos, millonarias demandas y condenas en todo el mundo por los casos de pederastia en que incurrieron centenares de sacerdotes, monjas y otros integrantes de esta confesión religiosa. Abusos que, lamentablemente, no fueron castigados drásticamente o incluso escondidos.

Bajo la política de cero tolerancia ya la Santa Sede había enmendado las leyes internas de la Iglesia elevando las penas por actos sexuales con niños, prostitución y pornografía infantil, al tiempo que se advirtió que los arzobispos “no tendrían privilegios” respecto a los crímenes de abuso sexual.