- Llave Procuraduría-Fiscalía-Contraloría
- La importancia del control en tiempo real
La corrupción es, sin duda, el peor cáncer que aqueja a Colombia. La mayor prueba es, precisamente, lo que ha ocurrido en medio de la emergencia sanitaria que está afrontando el país por cuenta de la pandemia del Covid-19. La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría han puesto de presente una gran cantidad de actos irregulares con los billonarios recursos destinados por el Estado para atender la crisis más grave del país en las últimas décadas.
A hoy no menos de una decena de gobernadores y una cantidad mayor de alcaldes están siendo investigados penal, disciplinaria y fiscalmente. Incluso ya varios mandatarios seccionales y locales fueron suspendidos o capturados en el marco del que es, a todas luces, uno de los megaprocesos judiciales más importantes de los últimos años en Colombia, no sólo por el monto de recursos que está en juego sino porque su robo o malgasto está generando un peligro extremadamente alto para millones de compatriotas que en medio de esta inédita y complicada circunstancia no reciben mercados, subsidios y demás alivios sociales y económicos ordenados por el Gobierno nacional. Y, lo que es peor aún, tampoco acceden a una atención rápida y eficiente en salud que disminuya el riesgo de contagio o, si lamentablemente se infectan, neutralice lo más posible el peligro de enfermar gravemente o morir por este virus.
Aunque muchos de los procesos todavía están en sus etapas iniciales y falta un trecho importante para que queden en firme los primeros fallos de los entes de control, es evidente que la celeridad con que han actuado Procuraduría, Fiscalía y Contraloría no tiene antecedentes. Nunca como hoy se ha visto un nivel tan alto de articulación entre las tres instituciones para atacar al mismo tiempo, sin tregua y de manera drástica un “delito en proceso’’. Porque eso es, sin duda, lo que está ocurriendo en muchas gobernaciones, alcaldías y otras instituciones oficiales, en donde las anomalías en materia de contratación, deficiente selección de proponentes, alto nivel de incumplimiento de lo pactado y sobrecostos en los bienes, productos y servicios requeridos por las entidades para afrontar la emergencia, son tan evidentes como claramente delictuales.
Al comienzo de la década pasada, como se recuerda, el país sufrió una de las peores tragedias invernales y el gobierno de entonces también acudió a un Estado de Emergencia Social y Económica, ya que las pérdidas ascendían a más de diez billones de pesos y la afectación a los habitantes de distintas zonas era sustancialmente alta. Si bien desde el mismo momento en que empezaron a fluir los recursos extraordinarios para paliar la crisis se prendieron las alarmas sobre posibles actos de corrupción y desgreño administrativo, lamentablemente los entes de control y vigilancia no se movilizaron con la suficiente diligencia. Ello llevó a que los procesos penales, fiscales y disciplinarios que se abrieron en todo el país evolucionaran de forma lenta e incluso buena parte de los fallos condenatorios y sanciones se emitieron mucho tiempo después, cuando ya los responsables, tanto del sector público como privado, no estaban en sus cargos o simple y llanamente era imposible recuperar los millonarios presupuestos que se embolataron.
Una década después el país se encuentra de nuevo ante una grave crisis y, también, el gobierno de turno decretó sendos Estados de Emergencia para implementar los planes de contingencia respectivos. Afortunadamente hoy los entes de control y vigilancia tienen mayores herramientas normativas, facultativas, tecnológicas, de recurso humano y de control efectivo en tiempo real, lo que les permite actuar casi en paralelo al sistema de contratación de los billonarios recursos destinados a contener el Covid-19. A ello hay que sumarle la determinación de los titulares de la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría para actuar de forma coordinada en la revisión detallada de todos y cada uno de los contratos y procedimientos de las gobernaciones, alcaldías y demás entidades del orden nacional, regional y local. Un trabajo arduo y complicado que, sin embargo, está dando frutos rápidamente y prueba de ello no solo es el alto número de procesos abiertos en un tiempo record, sino que muchos contratos han empezado a ser revertidos y ajustados urgentemente ante el riesgo de que quienes participaron en ellos terminen bajo la lupa de las autoridades y expuestos a penas de cárcel y otras drásticas sanciones.
Y, por último pero no menos importante, es claro que la celeridad con que están actuando las tres instituciones produce un tangible efecto disuasivo en quienes buscan aprovecharse de la emergencia pero saben que hay una alta probabilidad de ser descubiertos por las autoridades en su actuar ilícito. Ese es un elemento crucial que fortalece la legitimidad y la fortaleza institucional del Estado en su combate a la corrupción, un mal endémico en Colombia.