* El nuevo fallo de la Corte de La Haya

* Urge frenar expansionismo nicaragüense

La soberanía territorial, institucional y jurídica de Colombia es sólida e indiscutible a la luz del derecho internacional. Por lo mismo, el Estado confía en que así lo ratifique la Corte Internacional de Justicia en el fallo que emitirá este jueves en La Haya (Países Bajos) en torno a la segunda demanda del gobierno autoritario de Nicaragua. Como se sabe, desde 2013 Managua elevó una nueva causa contra nuestro país alegando supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe.

El cuestionado régimen de Daniel Ortega sostiene que Colombia, presuntamente, habría violado el derecho internacional por no haber dado aplicación al fallo del 19 de noviembre de 2012 de la misma Corte, así como por haber desarrollado operaciones de la Armada Nacional en el mar Caribe e incluso por expedir un decreto que estableció la Zona Continua Integral en el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, sus islotes y cayos, cuya soberanía nacional fue confirmada por la citada sentencia. 

Tras un largo y complejo proceso -que tuvo su última etapa en las audiencias de septiembre y octubre del año pasado- el Estado colombiano no solo replicó las inaceptables reclamaciones nicaragüenses sino que, además, contrademandó al gobierno Ortega por violar los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular los de la comunidad raizal que no puede acceder a los bancos de peces que ha faenado históricamente. También se advirtió que Nicaragua expidió un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas colombianas.

Tanto en la etapa de memorias escritas como en las audiencias orales han sido claros y contundentes los argumentos del equipo de defensa colombiano, compuesto por la Cancillería, la Armada Nacional, los agentes designados, abogados internacionales expertos en litigios ante dicha Corte e incluso por el gobernador de San Andrés y voceros de la comunidad raizal. Se evidenció la facultad para defender los derechos de pesca tradicionales de la comunidad raizal, así como para evitar que Nicaragua se apropie de espacios nuestros en el Mar Caribe. También reiteró que este caso trata sobre los derechos y libertades de nuestro país en el área, no sobre el fallo de 2012. Igualmente, la delegación nacional fue enfática en cuanto a que Colombia tiene derecho a una zona contigua de todas las islas del archipiélago así como a la libertad de navegación y sobrevuelo. Igualmente le asiste la facultad de observar y reportar las actividades ilícitas en el área. Tampoco puede renunciar a su obligación de proteger el hábitat natural de la comunidad raizal y el medio ambiente marino, sobre todo en lo relativo a la Reserva de Biósfera Seaflower.

En ese orden de ideas, para el gobierno Duque resulta claro que Colombia ha demostrado que respeta sus obligaciones a la luz del derecho internacional y no ha violado los derechos de Nicaragua ni mucho menos el fallo del 2012, que si bien le otorgó a la nación centroamericana un poco menos de 80 mil kilómetros cuadrados de mar, ratificó la soberanía indiscutible de nuestro país sobre el archipiélago y los cayos adyacentes, con todo lo que ello implica en cuanto a plataforma continental marina y submarina extendida.

Respecto al cumplimiento del fallo de 2012, el equipo de defensa colombiano recalcó la postura de Estado asumida desde el mismo momento en que se emitió: de acuerdo con nuestra Constitución los límites sólo se pueden modificar mediante un tratado. Pese a ello, Nicaragua no se ha mostrado dispuesta a abrir un diálogo al respecto y, por el contrario, pretendió desde un comienzo desconocer derechos irrenunciables de nuestro país.

Todo este soporte probatorio fue expuesto de manera detallada, contundente y soportada en nuestro ordenamiento jurídico y el derecho internacional. Así las cosas, el Estado colombiano está seguro de que los magistrados de la Corte desecharán las insólitas reclamaciones del gobierno Ortega y ratificará nuestra soberanía y los derechos nacionales en el mar Caribe. Ya en la etapa de excepciones preliminares -marzo de 2016- Colombia había logrado que se excluyera del proceso la principal pretensión de Nicaragua en el sentido de que nuestro país habría violado el derecho internacional por amenazar con el uso de la fuerza.

Una vez la Corte niegue esta segunda demanda del régimen autoritario nicaragüense, quedará sin piso una tercera causa interpuesta contra nuestro país, en la que Managua, en una actitud por demás delirante al amparo del derecho internacional, busca una inaceptable delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa. En este caso, incluso, ya en marzo de 2016 el tribunal negó la pretensión de fijar un régimen provisional de derechos y obligaciones en el área.

Que se emita, pues, el fallo y que, a la luz del derecho internacional, la soberanía colombiana siga incólume.