• Consigna sigue vigente
• 7 años a bordo de Santos

Buscar la prosperidad fue la clave que envió el presidente Juan Manuel Santos el día de su primera posesión, hace siete años. Esa fue, más o menos, la misma consigna que entonces hacía parte esencial de la política contemporánea, incluso si al inicio de su gobierno se estaba en medio de una crisis económica que había alcanzado a las potencias del orbe pero de la que, sin embargo, América Latina parecía o se creía inmune. A su vez, el mundo no había entrado, ni por asomo, en las nuevas realidades virtuales y de la comunicación en tiempo real así como en el ágora digital y las redes electrónicas de fundamento del debate público. Era, aun siendo un tiempo tan cercano, un escenario político drásticamente diferente al que se vislumbra en la actualidad, en todos los niveles, internacionales y nacionales, las 24 horas del día, sin descanso o pausa alguna. Muy pocos, pese a las profecías en contrario, avizoraron entonces cómo sería el universo de hoy.

Pero durante el lapso es posible decir, ciertamente, que los objetivos de prosperidad colombiana se alcanzaron en el sentido de haber expandido la clase media. No solo, pues, más de cinco millones de personas salieron de la pobreza estadística en el país, sino que también entraron a escalafones diferentes del consumo y la calidad de vida. En esa dirección se hizo un esfuerzo importante en el acceso al agua potable, a la vivienda, a una mejor infraestructura. También se mejoró la cobertura de salud y se hizo lo propio en cuanto a la jornada única en educación.

De otra parte, sin embargo, Colombia siguió manteniendo condiciones intolerables de desigualdad social, tal cual puede constatarse en el índice de Gini, donde el país ocupa uno de los primeros puestos. La gran paradoja está, asimismo, en que durante el doble mandato de Santos la nación llegó a ocupar, por igual, el tercero o cuarto lugar mundial en afectación y exposición tributarias. Haciendo una variable esto quiere decir que, proporcionalmente y aun con esos gigantescos recursos estatales, no hubo un impacto esencial en materia de desigualdad. Lo que, por ende, quiere también significar que el Estado fracasó ostensiblemente como distribuidor del ingreso, pues no se dio una modificación certera en lograr una sociedad con una mayor igualdad de oportunidades. Y esa, por supuesto, es una gran frustración tanto en cuanto demuestra que el Estado colombiano es un agente anómalo, echado en la mitad del camino como un buey cansado en esos propósitos de homogeneidad. Los gastos de funcionamiento son abrumadores, la deuda está al límite y las posibilidades de inversión son prácticamente nulas y referidas a las vigencias futuras. Pocas veces, como en la actualidad, el Estado colombiano está en entredicho, inclusive si finalmente entramos a la OCDE. En tanto, el ingreso per cápita continúa siendo evidentemente reprochable.

Y esto es así, además, porque históricamente nunca, como durante buena parte del doble mandato actual, el país tuvo tanta riqueza y notables excedentes de capital, fruto del bum minero-energético. Las arcas estatales se llenaron a raudales, con base en los precios del petróleo y de los minerales e incluso se llegó a hablar de Colombia como un “milagro económico”. Pero no hubo entonces previsiones, estando en los gozosos de las “vacas gordas”, para crear algún fondo de estabilización o entidad similar y con ello sortear las “vacas flacas”. Siempre se dijo que la economía colombiana estaba blindada y que la crisis internacional no nos afectaría. Como se sabe, ocurrió dramáticamente lo contrario. Y los niveles de empobrecimiento son palmarios, no solo por la gigantesca devaluación y las cargas tributarias, sino por el declive económico apenas sufragado, en parte, con la estela dejada de años anteriores. De tal modo la prosperidad, en los diversos flancos, sufrió una mengua considerable frente al potencial colombiano.

Al mismo tiempo se adelantó el polémico proceso de paz con las Farc, que llevó a la debacle del plebiscito, donde se afectó gravemente la democracia participativa. El tema nunca estuvo en los beneficios de la paz, sino en la cantidad y el límite de las transacciones para lograrla. Para una mayoría de colombianos la negociación fue excesiva, pudiéndose lograr lo mismo sin el ostentoso rasgamiento institucional y dentro de los cauces constitucionales. Fuere lo que sea, nunca como en la actualidad existe una crisis de las instituciones, demostrada en todas las encuestas, donde la ciudadanía ha perdido total confianza en las tres ramas del poder público. Y a ello se suma, en estos años, el saldo en rojo en todas las reformas: justicia, política, minería, pensiones, educación superior, tributaria estructural y un número superlativo que se quedaron en el tintero.

Han sido siete años de contrastes y contradicciones. No obstante, la consigna de la prosperidad continúa siendo válida.

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