• Trámite rápido a nueva Ley de Financiamiento
• No arriesgar la reactivación productiva

“No hay que jugar con candela”. Ese es uno de los refranes más conocidos por los colombianos y cae como anillo al dedo tras el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la Ley de Financiamiento, por considerar que se incurrió en un error de trámite en su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, a finales del año pasado. Es absolutamente claro que no es momento de cambiar el rumbo económico de un país que no solo apunta a crecer este año por encima del 3,4 por ciento como porcentaje del PIB, sino que, lo más importante, lo hace en medio de un clima mundial cuasi-recesivo.

Las cifras son contundentes: días atrás el Fondo Monetario Internacional rebajó de 0,6 por ciento a 0,2 por ciento la perspectiva de crecimiento de América Latina para este año, en tanto que fijó la de Colombia en 3,4 por ciento. De igual manera el Banco Mundial advirtió en la última semana que Latinoamérica apenas si crecería este 2019 a un ritmo promedio del 0,8 por ciento, con pocas excepciones, como la de Colombia que lo haría al 3,3 por ciento, siendo superada únicamente por Panamá. A ello se suma que la Cepal advirtió hace un par de meses que el panorama del subcontinente americano era muy preocupante ya que este año no se crecería, en promedio, más allá de un 0,5 por ciento, salvo países como Colombia, que lo harían por encima del 3 por ciento.

Pero no solo se trata de cómo nos evalúan desde el exterior. Las cifras internas también están evolucionando de manera positiva. Y prueba de ello es que la inversión extranjera directa ha crecido este año más de un 25 por ciento, el consumo de hogares también está repuntando, así como la demanda de energía, la utilización empresarial de su capacidad instalada, al tiempo que las cifras de los sectores industriales, de manufactura y comercio vienen progresando a un ritmo esperanzador. Si bien es cierto que el desempleo es el principal lunar, la inflación se encuentra controlada, el déficit fiscal no se ha desbordado, la tasa de cambio fluctúa sin obligar a intervenciones del Banco de la República, las tasas de interés de éste último siguen estables y se están superando las metas de recaudo tributario.

Todo ese escenario macro y micro cobra mayor significación si se analiza que se está logrando en medio de un convulsionado clima internacional por cuenta de la ‘guerra comercial’ entre Estados Unidos y China, los altibajos productivos de la Unión Europea, las señales complejas que está enviando la Reserva Federal estadounidense y un mercado petrolero muy inestable por cuenta de factores geopolíticos y cambios bruscos en materia de oferta y demanda de crudo.

Visto todo lo anterior el Congreso colombiano debe actuar con la mayor celeridad y responsabilidad posibles frente al nuevo proyecto de Ley de Financiamiento que el Gobierno radicará en los próximos días con el fin de reemplazar la iniciativa que fue declarada inexequible por la Corte. Como se sabe el alto tribunal dejó vigente todo el menú de impuestos, exenciones e incentivos por este año, con el fin de que el Ejecutivo pueda presentar al Parlamento y hacer aprobar una nueva norma antes de que termine diciembre.

Es urgente, por tanto, que ese proyecto se tramite de forma rápida para disminuir lo más posible el efecto de incertidumbre económica y fiscal creado a partir del fallo del miércoles pasado. Esa celeridad es más viable aún porque el Gobierno presentará, sin cambiarle una sola coma, el mismo articulado que ya fue aprobado por las mayorías del Senado y la Cámara a finales de 2018. Un articulado que fue ampliamente discutido, reformado y ajustado hasta en su más mínimo detalle, alcanzando el mayor consenso posible tratándose de una norma tributaria. No es momento de abrir una nueva discusión sobre el armazón impositivo del país ni tampoco de empezar de cero en materia de fuente de las provisiones presupuestales para el cuatrienio. Y mucho menos hay margen de acción para abocar un debate político y económico de gran espectro que lleve a las tantas veces anhelada pero nunca concretada reforma tributaria estructural. Tampoco convendría al país que tras este fallo quedó bajo la lupa de las firmas calificadoras de riesgo, la precaución de los inversionistas y la expectativa de la banca multilateral, que el trámite de esta nueva ley termine imbuido en el pulso de poderes partidistas que determine el mapa político resultante de los comicios regionales y locales del 27 de octubre.

Claro que se espera del Congreso que analice la iniciativa. Nadie está pidiendo un pupitrazo ni mucho menos. Lo que se solicita es celeridad sobre este tema, ya que si no se resucita la Ley de Financiamiento antes de diciembre 31, la reactivación económica colombiana quedará en vilo.