* Alcance de la pérdida del grado de inversión

* Reglas de oro en negociación sobre el paro

El buen funcionamiento de la economía es un bien público, o sea, un valor que interesa a toda la comunidad. Que no se desboque la inflación; que el crédito internacional del país permanezca abierto; que las tasas de interés no atenten contra el desarrollo y la recuperación de la actividad productiva; y que la credibilidad de los signos monetarios se mantenga… Un cúmulo de objetivos valiosos que debe preservarse a toda costa. Hay que ser claros: cuando una economía se envilece todo se termina estropeando.

Desde luego, no es bueno que Colombia sufra bajas en su grado de inversión, como ocurrió anteayer con la calificación de Standard & Poor's. En todo caso ello impactará en la emisión de bonos, que no es el fuerte del país, y en algo subirá el costo de los créditos internacionales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la mayoría de financiación oficial proviene de la banca multilateral. De otra parte, en los otros tipos de crédito el efecto será menor, pues nuestra nación ha sido siempre buena pagadora. Visto ello, no se puede decir, entonces, que Colombia esté en la misma órbita de Argentina o Venezuela, naciones con todo tipo de préstamos prácticamente cerrados.

De otro lado, el diálogo y las negociaciones con el Comité del Paro pueden ser largas y tener un alto costo para el fisco. Es evidente que son muchos los trastornos de toda índole que ha causado y sigue generando esta ola de protestas, de allí que hay que intentar superarla lo más pronto posible. En ese orden de ideas, debe llevarse a buen término la orden presidencial de levantar todos los bloqueos e impedir el vandalismo. De esta forma, los compromisos que asuma el Ejecutivo en la mesa deben estar acompasados tanto con la aplicación del principio de autoridad como con  las posibilidades fiscales del país.

No hay que perder de vista que ese bien público, que es el funcionamiento correcto de la economía, podría verse gravemente comprometido si se dan negociaciones sin soporte en las realidades concretas.

Dicho en otras palabras: así como se requiere el ejercicio sereno pero firme de la autoridad en todo lo concerniente al orden público, de la misma manera se impone la autoridad fiscal en el diseño de los acuerdos a que se llegue.

Dos reglas de oro deben observarse en lo que pacte el Ejecutivo con el Comité de Paro: la primera, que los costos sean compatibles con las disponibilidades presupuestales. Para ello es indispensable que se tramite oportunamente la reforma fiscal y social en la que viene trabajando el Ministro de Hacienda. La reforma del exministro Carrasquilla se hizo inviable porque no tuvo la socialización ni concertación correspondientes para buscar el justo medio. El nuevo proyecto se está diseñando sobre bases diferentes. Por ejemplo, tendrá un objetivo de recaudo menor, que no será de 26 billones de pesos, como la anterior, sino más acotada, buscando entre 12 y 15 billones. Y, en segundo término, no se sustentará en el incremento del IVA a la canasta familiar ni en los costos de los servicios públicos o fuentes similares.

En ese marco, la financiación de los nuevos gastos que el Estado colombiano deba asumir como consecuencia de la pandemia, en primer lugar, y de los acuerdos para levantar el paro, en segundo, tiene que apoyarse en una canasta inteligente de fuentes: más recursos tributarios, más endeudamiento público (pero manteniéndolo dentro de los límites de lo prudente), la venta de activos oficiales y una contundente política de reducción del gasto público innecesario.

Sería una gran equivocación no mantener un equilibrio entre las diferentes fuentes de ingresos: recargarse excesivamente en el endeudamiento o en un abrumador incremento de las cargas tributarias sería  lesivo para la economía dentro ese concepto de bien público general. Tampoco es una solución aconsejable que el Banco de la República abra los grifos de un crédito inflacionario de emisión primaria al Gobierno nacional, que no haría otra cosa que agravar la ya muy delicada situación de pobreza y pauperización en el país.

La segunda regla de oro es la siguiente: por razones de transparencia sería también muy conveniente que todos y cada uno de los compromisos presupuestales que adquiera la Casa de Nariño en el transcurso de estos días, se publiquen abiertamente con el fin de hacer un control social de lo acordado, analizarlo y auditarlo con profundidad en los círculos académicos, periodísticos y la sociedad en general. Una sociedad a la que, repetimos, le interesa en grado sumo que la sostenibilidad fiscal de Colombia se mantenga, pues la economía es un bien público que atañe a todos.