*Balance positivo de la nueva ley
*Posturas encontradas sobre ajustes
Tras cada puente festivo y los correspondientes balances de las autoridades sobre el volumen de la accidentalidad vial, siempre se prende el debate en torno de si es necesario aumentar la drasticidad de la ley que castiga a los conductores ebrios o, como lo alegan no pocos de los infractores, flexibilizar las sanciones bajo la tesis de que “apenas si se tomaron dos sorbos de un refajo” o que “lo que les marcó positivo en la alcoholemia fue el enjuague bucal”. Más allá de lo anecdótico de esas excusas, que en muchas ocasiones no son más que desesperados intentos para escaparse de un bien merecido comparendo e inmovilización del vehículo, lo cierto es que a dos meses de cumplirse el primer año de la Ley 1696, que agravó esas penas y multas, ya hay voces que consideran que la norma debe ser ajustada, abriendo un debate al respecto.
El balance desde que entró en vigencia la ley se puede decir que es positivo, al punto que con corte a junio pasado el número de accidentes viales en donde alguno de los conductores involucrados había ingerido licor bajó más de un 17 por ciento y también disminuyeron en porcentajes similares las víctimas fatales y los heridos en estos percances en las carreteras. Del mismo modo se ha registrado una sustancial y progresiva reducción en el volumen de personas sorprendidas manejando bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas. Se confirma así la tesis que impulsó la aprobación de la norma en el Congreso -después de varios intentos fallidos-, según la cual la única forma de acabar con la racha de tragedias producidas por conductores borrachos era volver tan drástico e inapelable el castigo, que esa sola característica se convirtiera en un elemento disuasivo muy fuerte. No hay que olvidar que la ley estableció que en el caso de homicidio por conducción bajo efectos del alcohol, la pena aumenta de dos terceras partes al doble, y puede llegar hasta 18 años de cárcel. Igualmente, las multas por manejar ebrio oscilan entre 1 millón 700 mil pesos y 28 millones de pesos. Incluso, cuando se reincide en la infracción, se debe pagar el 15 por ciento del valor comercial del vehículo conducido. Todo ello sumado a la suspensión de la licencia de manejo por largo tiempo, según el grado de ebriedad detectado.
En la otra orilla están quienes consideran que la norma necesita ser reformada. Sin embargo, hay dos ópticas al respecto. De un lado, están los sectores que sostienen que debe restringirse la posibilidad de que el conductor ebrio pueda aliviar su situación penal y penitenciaria si logra un acuerdo de reparación económica con los familiares de las víctimas fatales y los heridos. Es claro que se evidencia en muchos casos que las personas con recursos pueden librarse de ir a la cárcel o incluso de la tipificación del homicidio cometido, en tanto que aquellas que no cuentan con dinero para compensar a los afectados, terminan indefectiblemente tras las rejas. Se plantea aquí, entonces, que se restrinja esta clase de acuerdos económicos y que el culpable vaya a prisión, ya que de lo contrario se alimenta la percepción ciudadana de que la ‘justicia es para los de ruana’.
En la otra parte están los que piensan que la norma es demasiado drástica y que hay casos en donde las autoridades de tránsito prejuzgan y violan el debido proceso a los sospechosos. Se pide, incluso, crear más clasificaciones sobre los grados de ebriedad y flexibilizar las sanciones en los casos más leves. Igual no faltan las polémicas respecto de si las altas multas y penas pueden haber llevado a un mayor grado de intentos de soborno y corrupción a las autoridades de tránsito. También se advierte que los infractores, al causar el accidente, son tan conscientes de la gravedad del problema en que se metieron, que prefieren huir y no asistir a las víctimas, lo que aumenta el riesgo de muerte de éstas.
Lo importante, por ahora, es analizar con detenimiento y objetividad las distintas posturas, sin declinar, claro está, que una persona que decide ponerse al volante sin importarle que haya ingerido licor o esté bajo el efecto de una sustancia psicoactiva, es un homicida en potencia. Esa premisa es indeclinable.