* Montevideo propone legalizar la marihuana
* Colombia debe pedir sesión urgente en OEA
La propuesta del Presidente uruguayo para una “legalización controlada” de la producción, consumo y venta de marihuana en su país tiene tres implicaciones. La primera, que es una respuesta a la demora de la comunidad internacional para abordar de una manera más seria y profunda el debate en torno de los ajustes que requiere la lucha contra el narcotráfico para ser más efectiva. Siendo este flagelo un delito de tracto transnacional es claro que cualquier medida que se adopte para hacerle frente debería tener un alcance supranacional y, por ende, ser tomada desde instancias o entes de ese rango, como la OEA o Naciones Unidas.
Tiene razón Colombia cuando ante la propuesta de Montevideo advierte que las medidas unilaterales no son convenientes en un asunto tan complejo y que lejos de avanzar hacia una solución se generan más problemas regionales. Es obvio que si un país legaliza o despenaliza la producción o consumo o venta de alguna sustancia estupefaciente, pero sus vecinos mantienen una política de represión criminal, entonces se producirá un escenario caótico y accidentado.
La propuesta uruguaya no es la primera de origen gubernamental en Latinoamérica en materia de avanzar hacia una legalización regulada y controlada de la producción y consumo de las drogas. El gobierno de Guatemala, por ejemplo, abandera esa discusión en Centroamérica y en gran parte por ello fue el tema central en la reciente Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Cartagena, en donde Estados Unidos fue categórico en advertir que si bien entendía las inquietudes al respecto, la política de Washington iba en contravía de cualquier estrategia legalizadora.
En no pocas ocasiones desde estas páginas hemos advertido que si bien el debate sobre la legalización de las drogas ya está en la agenda internacional y no sólo en los ámbitos academicistas, no le corresponde a Colombia liderar esa discusión, puesto que uno de los logros más importantes del conglomerado nacional en las últimas tres décadas ha sido, precisamente, las victorias en el combate al narcotráfico, al punto que se desarticularon los grandes carteles y sus cabecillas, que en un momento dado estuvieron entre los criminales más peligrosos o ricos del mundo. Logros que han costado al país decenas de miles de vidas así como millonarios recursos y un lastre en materia de progreso no alcanzado por el efecto nocivo de la mezcla entre narcotráfico y conflicto armado interno.
Sin embargo, cuando un país latinoamericano propone dar un paso tan arriesgado como es la legalización “controlada” de la marihuana, y lo hace bajo el argumento de que se está perdiendo en el continente la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad derivada de este flagelo, Colombia debe ser la primera en alertar sobre los riesgos para la seguridad regional que una decisión unilateral de ese tópico traería.
Las razones del gobierno uruguayo acerca de que “alguien tiene que ser el primero” en avanzar en este delicado asunto y la necesidad de “buscar otro camino, aunque algunos lo consideren osado” pueden hacer parte de su legítimo derecho soberano a decidir qué legislación aplica a sus habitantes, pero también crean, en caso de que su Congreso aprobara el proyecto de ley sobre legalización de la marihuana, un problema muy grave al resto del continente. Es evidente que las mafias que cultivan y procesan este alucinógeno en otros países suramericanos y centroamericanos buscarán los mecanismos para poder llevar su producto a las fronteras gauchas y contactarse allí con las organizaciones narcotraficantes locales. Actualmente el consumo y la tenencia para uso personal de marihuana no están penalizados en Uruguay, aunque sí la comercialización. En ese orden de ideas, lo que ahora se propone es que esta droga sea producida y vendida bajo control estatal. Aunque la iniciativa indica que se tomarán todos los controles para garantizar que no haya contrabando de marihuana de otros países, asegurar ese blindaje es muy difícil.
Colombia debería pedir a la OEA que convoque una sesión especial para analizar la propuesta uruguaya y cuáles podrían ser las implicaciones en caso de que ella sea aprobada y entre a regir. Como el país más eficaz en el continente en la lucha contra el narcotráfico, ese entorno regional debería analizar de forma seria y profunda la opinión colombiana en un tema tan delicado para la seguridad de la zona y el combate contra el crimen transnacional.