Según  se entiende por Estado Social de Derecho, como lo estipula la Carta de 1991, de lo que se trata es de superar el esquema decimonónico de la proclamación formal de los derechos, como se estilaba en el Estado Liberal, que dejaba las cosas como estaban y se gobernaba con criterio individualista, para que el Estado entre a reestructurar el sistema y redistribuir los recursos a favor de la sociedad misma, del criterio que tengan los legisladores y gobernantes depende hasta donde esto se llega o se deriva a un Estado de justicia y bienestar. 

Los partidarios del Estado Social de Derecho afirman que con su propuesta de redistribución de los recursos oficiales se avanza a una sociedad más justa. Algunos de los partidarios de esa fórmula se declaran francamente socialistas y otros, moderadamente, sociales. Lo cierto es que los expertos sostienen que mientras el Estado tradicional se “sustentaba en la justicia comunicativa, el Estado social se sustenta en la justicia distributiva; mientras que el primero asignaba derechos sin mencionar su contenido, el segundo distribuye bienes jurídicos de contenido material; mientras que aquel era fundamentalmente un Estado legislador, este es fundamentalmente, un Estado gestor a cuyas condiciones han de someterse las modalidades de la legislación misma, mientras que el uno se aseguraba de mantener la justicia legal formal, el otro se extiende a la justicia legal material”.

Más o menos en  tales términos, que son de enorme complejidad y no es dado tratar el tema a la ligera, se pueden sintetizar las diferencias teóricas entre el Estado liberal tradicional y el Estado Social de Derecho, sin que varios de los legisladores que lo proclamaron en 1991, supieran exactamente su  significado.  Puesto que siguen pensando en los términos del viejo Estado que imperaba en Colombia hasta ese momento con la Constitución de 1886 y sus diversas reformas. Siendo tan evidente eso que, al mismo tiempo se aprueban en esa misma Carta Política, varios artículos que son de corte neoliberal, que tienen el significado contrario de lo que sostiene el Estado Social de Derecho en términos políticos. Lo que da lugar a numerosas confusiones. Se explica semejante entuerto en cuanto en 1991 los legisladores eran de distintas corrientes políticas, algunos neófitos en los estudios constitucionales y se dejaron llevar más por la moda que por criterios formados en la disciplina intelectual. Una de las razones por las cuales se aprueba crear una Corte Constitucional en un país con un régimen presidencial, en el cual se tramitan las leyes en varias instancias, según lo acuerda la misma Constitución, a diferencia del sistema parlamentario, es que esa institución se va a ocupar de vigilar que se cumplan y se ejecuten las normas del Estado Social de Derecho, por lo menos esa es la filosofía que los anima. En ese sentido en algunos países de Europa los juristas-políticos, que pretenden avanzar al socialismo por la vía del Derecho, se interesan sobremanera en apoderarse del sistema judicial y llegar a la Corte Constitucional, en donde unos pocos magistrados pueden  influir de manera decisiva  en la restructuración de el Estado, es decir, en el avance al socialismo.

Como anotamos y lo han dicho los entendidos que estudian el Derecho constitucional comparado, la Carta Política del 91 es un hibrido, hasta se podría proclamar un Estado socialista sin modificarla, al mismo tiempo persisten en ella aspectos decisivos del Estado tradicional. Esa situación se refleja en las leyes. Es así como el Congreso  dispone de sumas millonarias para la salud, como nunca antes había ocurrido, al tiempo que se acuerda que empresarios, algunos improvisados, formen las EPS, manejen los recursos oficiales y dispongan de éstos según su criterio, en el supuesto de no violar la normatividad. Lo que encontramos es que se hicieron notables avances, se mejoraron muchas cosas, y se amplió el sistema de salud, es preciso reconocerlo. Mas la crisis se ahonda en la medida de la corrupción y la tentación de hacer negocios con los dineros oficiales, que son de los contribuyentes. Al convertirse las EPS en mero negocio, dejan de tener importancia el paciente y el médico, lo que lleva a que se les pague mal a los últimos y los pacientes sufran las consecuencias. Al especular con los dineros de la salud se viola la ley, así se enriquezcan unos pocos. Y como no se reforma la ley seguimos con un hibrido que permite que unos cuantos redistribuyan los dineros oficiales a sus cuentas privadas, mientras se deja morir a los pacientes en las puertas de los hospitales, dizque por falta de recursos.