La decisión del Consejo de Estado de anular la credencial de la elección del senador del Polo Democrático Alexánder López, expresidente de la corporación legislativa, por incurrir en doble militancia, se tomó en derecho y, por lo tanto, resultan temerarias algunas reacciones, sobre todo en redes sociales, de sectores de izquierda en torno a que habría un presunto complot judicial contra la coalición del Pacto Histórico, que es el bloque parlamentario base del petrismo.

Con el mismo argumento de que la normatividad vigente impide que los candidatos avalados por determinado partido apoyen a aspirantes de otras colectividades y movimientos políticos, el alto tribunal de lo contencioso administrativo les ha retirado la credencial de congresista a senadores y representantes de distintos sectores y bancadas.

De hecho, en el caso del Pacto ya se han dado varias decisiones sobre la misma base jurisprudencial, pero también se negaron otras tantas demandas contra parlamentarios de ese bloque a los que se les acusó de igual anomalía, pero durante el proceso se demostró que no hubo tal.

Incluso, en muchas de esas demandas fallidas se alegaba que el apoyo al entonces precandidato presidencial Gustavo Petro por parte de aspirantes al Congreso de distintos partidos de izquierda, en el marco de la consulta interna que ganó en marzo de 2022 el hoy jefe de Estado, era una causal para anular las credenciales de un número significativo de parlamentarios elegidos en la misma jornada. El Consejo de Estado rechazó las pretensiones de los demandantes y dejó en firme las investiduras.

Tanto en el caso de López, como en los de otros senadores y representantes que han sido objeto de este tipo de fallos, todos pudieron interponer los respectivos recursos de defensa ante el alto tribunal y los mismos fueron fallados en derecho y con el debido proceso.

Lo que queda en evidencia tras la cantidad creciente de sentencias por incurrir en doble militancia es que los partidos y los candidatos necesitan entender de manera más amplia y detallada esta normatividad y la jurisprudencia de las altas cortes al respecto. A muchos de los sancionados se les advirtió en su momento de la irregularidad que estaban cometiendo y aun así persistieron.

No resulta sano para la democracia y la institucionalidad que cada vez que se presenta una sentencia en este sentido se alegue desde distintos sectores que debe reformarse la normatividad al respecto. Se olvida que cuando el Congreso aprobó años atrás la legislación respectiva señaló que buscaba, precisamente, fortalecer a los partidos y la disciplina de sus afiliados, sobre todo de aquellos que buscan llegar a cargos de elección popular en representación de una ideología y voto programático concretos.